Dos listas negras de EEUU destruyeron el poder judicial boliviano

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Dos listas de visas revocadas desde Washington destruyeron el poder judicial boliviano al provocar un efecto dominó de capturas, fugas y renuncias que dejó descabezadas a las máximas instancias de justicia del país, cuyo último episodio estalló este jueves 12 de noviembre con la renuncia de Irma Villavicencio Suárez a la presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz mediante la Convocatoria 03/2026 a Sala Plena. El colapso prueba que la cúpula judicial no cayó por controles internos, sino por la presión externa de 28 vetos dictados por el Departamento de Estado de Estados Unidos por corrupción y tráfico ilícito, detonando además las confesiones del expresidente detenido Aldo Quezada sobre manipulación informática de causas y la presunta propiedad de 31 maletas con sustancias controladas en Viru Viru atribuidas al titular del Tribunal Supremo, Romer Saucedo.

La demolición institucional se inició el 28 de septiembre de 2026, fecha en la que el Departamento de Estado publicó la primera lista negra revocando visas a 13 personalidades bolivianas y a sus familias bajo la política contra quienes socavan gobiernos democráticos mediante corrupción o tráfico de sustancias controladas. Aquella primera ofensiva apuntó directamente contra el entonces Fiscal General del Estado, Róger Mariaca Montenegro, además del exministro de Justicia Iván Lima Magne, el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero Méndez, el exmagistrado suplente del Tribunal Supremo Iván Ramiro Campero Villalba, el fiscal departamental de Santa Cruz Alberto Zeballos Flores y otros operadores del Ministerio Público y juzgados penales.

El impacto de esa primera notificación desde Washington fue fulminante: en cuestión de horas, Róger Mariaca perdió el blindaje político que lo sostenía en Sucre, fue suspendido de sus funciones, aprehendido y recluido con detención preventiva bajo imputación formal por liderar una red de protección institucional destinada a garantizar el ingreso sin control de cargamentos ilícitos por el aeropuerto internacional de Viru Viru.

La segunda bomba diplomática estalló el 22 de octubre de 2026, cuando el secretario de Estado Marco Rubio anunció una segunda lista negra con otros 15 ciudadanos bolivianos sancionados, elevando a 28 el número total de vetados por Estados Unidos. En esta segunda nómina cayeron el entonces presidente del TDJ de Santa Cruz, Aldo Ismael Quezada Cerruti, el exfiscal general Juan Lanchipa Ponce, el fiscal coordinador de Sustancias Controladas Julio César Porras Velarde, los jueces Julio Nelson Alba Flores y José Ayaviri Siles, además de legisladores y exjefes policiales antidroga.

EL MAPA DE VETADOS, PRESOS Y PRÓFUGOS EN BOLIVIA

⚠️ Dos listas de Washington revocaron visas a 28 figuras políticas y operadores judiciales bolivianos

⚖️ Róger Mariaca, Aldo Quezada, Hebert Zeballos y Julio César Porras cumplen detención preventiva

💣 Romer Saucedo fugó del país con orden de captura por tráfico ilícito y cobros millonarios

📉 Irma Villavicencio renunció al TDJ cruceño mientras crece el temor por una tercera lista

Tras conocerse esa segunda sanción estadounidense, Aldo Quezada presentó su renuncia irrevocable el mismo 22 de octubre, pero la dimisión no frenó su caída: el miércoles 11 de noviembre fue aprehendido por la Fiscalía y la FELCN por tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación, convirtiéndose en el testigo clave que terminó de dinamitar la cúpula judicial al declarar que los jueces cruceños estaban repartidos entre los bandos de Romer Saucedo y Róger Mariaca.

La lista consolidada de vetados y encarcelados reúne hoy en celdas preventivas al exfiscal general Róger Mariaca Montenegro, al expresidente del TDJ cruceño Aldo Ismael Quezada Cerruti, al exfiscal coordinador Julio César Porras Velarde, acusado de frenar allanamientos clave, y al exjuez Hebert Zeballos, recluido en el penal de Palmasola luego de que la Policía hallara cerca de 80 kilos de sustancias controladas en los galpones de su empresa de seguridad Ebose, además del exasesor judicial Mauricio Requena, capturado esta semana.

En la vereda de los prófugos con orden de aprehensión figura en primer lugar el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, quien huyó de Bolivia el 4 de noviembre alegando persecución política justo cuando se activaban mandamientos de captura en su contra por organización criminal, tráfico ilícito y un segundo proceso por cohecho activo junto a su hermana Ana Gabriela Saucedo tras denuncias de cobros superiores a un millón de bolivianos para direccionar fallos, sumándose también la exfiscal prófuga Delmy Guzmán.

A la par de los presos y fugados, Irma Villavicencio formalizó su renuncia este jueves 12 de noviembre a menos de veinte días de haber asumido el mando del TDJ cruceño el 23 de octubre, dejando acéfala por segunda vez en tres semanas la presidencia del principal distrito judicial del país y obligando a convocar a Sala Plena extraordinaria para este viernes 13 de noviembre en el salón Iyambae.

En los pasillos de los tribunales de La Paz, Sucre y Santa Cruz crece ahora el pánico ante las versiones sobre una posible tercera lista de sanciones en preparación en Washington; los propios operadores judiciales admiten en reserva que si dos listas bastaron para encarcelar al Fiscal General, expulsar del país al titular del Supremo y quebrar el tribunal cruceño, una tercera oleada terminaría de barrer a los vocales y jueces que aún permanecen en sus cargos.

Con el presidente del Tribunal Supremo fugado, el exfiscal general preso y la justicia cruceña paralizada por renuncias en cadena, el derrumbe del Órgano Judicial boliviano confirma que el sistema solo reaccionó cuando Estados Unidos les cerró sus fronteras y expuso sus vínculos ante el mundo.