La UIF y la Fiscalía fueron usadas como garrote de extorsión y chantaje

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La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y el Ministerio Público operaron de forma coordinada como una estructura de presión, extorsión y chantaje contra empresarios, comerciantes y dirigentes opositores durante gestiones pasadas.

Una revisión interna de la documentación institucional reveló que la inteligencia financiera del Estado fue pervertida para fabricar indicios de irregularidades en personas que contaban con respaldo legal de sus bienes, exponiendo su patrimonio a medidas cautelares y despojos.

“Posteriormente, estos informes eran remitidos al Ministerio Público para promover el inicio de procesos penales contra las personas investigadas”, denunció el director de la UIF, Diego Alejandro Barboza en declaraciones a El Deber. La autoridad sostuvo que el mecanismo utilizado puso en riesgo deliberado la reputación, la continuidad operativa y el capital de ciudadanos dedicados a actividades económicas formales, al tiempo que se ignoraban los documentos presentados que justificaban el origen lícito de sus fondos.

El esquema funcionaba como un garrote de acorralamiento económico donde la inteligencia financiera servía como insumo para que fiscales abrieran causas por presunta legitimación de ganancias ilícitas. Esta instrumentalización política y económica de las instituciones fiscalizadoras buscaba someter al sector productivo y neutralizar a liderazgos contrarios al gobierno, sentando un antecedente de absoluta indefensión para la inversión privada.

📌 DATOS CLAVE DE LA AUDITORÍA PATRIMONIAL:

• La revisión abarca informes y expedientes institucionales elaborados desde enero de 2020.

• Róger Mariaca ejerció como fiscal departamental desde 2020 y fue designado fiscal general en octubre de 2024.

• Mariaca cumple detención preventiva en el centro penitenciario de Cantumarca, Potosí.

• La causa paralela involucra el hallazgo no justificado de 3,5 millones de bolivianos y 10.000 dólares.

Las pesquisas de la UIF también retrocedieron hasta el proceso electoral de 2019, periodo en el que la entidad estatal fue empleada para amenazar con investigaciones patrimoniales al principal candidato opositor. Este uso sistemático del aparato de fiscalización demuestra la existencia de una red institucional diseñada para el amedrentamiento financiero y la recaudación irregular a costa del sector privado legal.

Actualmente, la UIF atiende requerimientos fiscales e informes patrimoniales dentro de investigaciones preliminares para identificar a todos los funcionarios y exautoridades involucradas en el armado de estos expedientes. Las actuaciones cuentan con el seguimiento de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, instancia que acompaña la fiscalización para evitar la injerencia externa y sentar las bases de la recuperación institucional.

Las investigaciones en curso buscan desarticular definitivamente los nexos de extorsión entre la inteligencia financiera y el aparato de persecución penal.