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- 2026-10-16
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El exfiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, fue aprehendido durante las investigaciones ejecutadas por sus presuntos vínculos con el exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, en hechos relacionados con supuestos actos de corrupción para proteger al tráfico de sustancias controladas.
El operativo de captura de la exautoridad fue ejecutado por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, quienes trasladaron al exfuncionario a celdas policiales, a la espera de que preste su declaración informativa ante la comisión de fiscales a cargo del caso.
Momentos antes de su captura, se ejecutó un allanamiento en el domicilio de la exautoridad, ubicado en la zona de Gran Poder en la sede de Gobierno, donde los investigadores secuestraron documentación presuntamente relacionada con el esquema de protección judicial.
📌 CONOCE LAS CLAVES Y CAUSAS DEL HECHO:
⚠️ EL HECHO: Aprehensión de exfiscal paceño por presunta corrupción judicial.
⚖️ LA CLAVE: Secuestro de documentación relevante en allanamiento a inmueble privado.
💣 EL TRASFONDO: Red en el Ministerio Público investigada por brindar protección.
📉 EL IMPACTO: Excoordinador fue remitido con prisión preventiva al penal de Oruro.
En un breve contacto con los medios de comunicación, la exautoridad calificó de ilegal su aprehensión y negó haber tenido algún tipo de relación funcional o personal con la red que lideraba el cabecilla uruguayo Sebastián Marset.
De manera paralela, el excoordinador de la Fiscalía paceña, Armando Rojas, fue remitido con detención preventiva al penal de San Pedro de Oruro, al ser identificado como otro de los operadores de la estructura supuestamente liderada por la máxima autoridad del Ministerio Público.
El imputado había sido designado directamente por el exfiscal general y presentó la renuncia a su cargo inmediatamente después de que se formalizara la aprehensión de Mariaca en el marco de las investigaciones del caso.
La acumulación de elementos probatorios secuestrados en los inmuebles allanados servirá de base para fundamentar la imputación formal por delitos contra la administración de justicia y legitimación de ganancias ilícitas.
