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- 2026-09-28
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El Departamento de Estado de EE.UU., a través de la Oficina del Portavoz y el Secretario Marco Rubio, canceló la visa del Fiscal General Roger Mariaca, tras acusarlo formalmente de cobrar sobornos al narcotráfico y encubrir criminales.
Washington le acaba de asestar un bombazo al corazón de la justicia boliviana. En un comunicado oficial emitido por la Oficina del Portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, bajo la firma del Secretario de Estado Marco Rubio, el Gobierno estadounidense formalizó la sanción de "designación pública" por "corrupción significativa" contra el Fiscal General del Estado de Bolivia, Roger Mariaca.
La medida del Ejecutivo estadounidense implica la revocación e inhabilitación inmediata de la visa de ingreso a territorio norteamericano para la autoridad boliviana. Esta decisión sitúa a la máxima cabeza del Ministerio Público en la lista negra de funcionarios del Hemisferio Occidental sancionados por atentar contra la seguridad y la institucionalidad.
El pronunciamiento oficial difundido por el Departamento de Estado transcribe de forma directa la gravedad de los cargos contra Mariaca: "El Departamento de Estado designa públicamente al Fiscal General de Bolivia, Roger Mariaca, por su participación en corrupción significativa. Específicamente, Mariaca aceptó sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudó a criminales violentos a evadir la justicia".
Washington no le pegó a un abogado cualquiera; destruyó el corazón de la persecución penal de Bolivia. Al descalificar y quitarle la visa al máximo jefe de los fiscales, la acusación de coimas y protección al narcotráfico deja a toda la justicia boliviana expuesta ante el mundo como un engranaje cómplice del crimen organizado.
El comunicado de Washington no solo golpea a Mariaca, sino que lo pone en el mismo paquete de sancionados regionales por desestabilización democrática y narcotráfico en el Hemisferio Occidental bajo la iniciativa "Escudo". Según el documento firmado por Rubio, sus acciones sabotean directamente los esfuerzos para combatir el narcoterrorismo y debilitan las instituciones democráticas.
⚠️ CLAVES DEL COMUNICADO OFICIAL:
▪️ Emisor de Alto Nivel: Emitido por la Oficina del Portavoz del Departamento de Estado y respaldado por Marco Rubio.
⚖️ Cargos Directos: Acusación formal de aceptar sobornos a cambio de facilitar operaciones del narcotráfico.
💣 Encubrimiento Judicial: Señalamiento directo por brindar cobertura a criminales violentos para evadir la justicia.
📉 Iniciativa Escudo: Inclusión en la lista negra por desestabilizar la democracia y sabotear la lucha antinarcóticos.
La gravedad de la acusación firmada por el Departamento de Estado vulnera de forma directa la arquitectura legal del Estado boliviano. Al señalar que la propia cabeza de la Fiscalía General trabaja en favor de redes delictivas violentas, las investigaciones y procesos penales bajo su gestión quedan sometidos a una profunda duda razonable internacional.
El impacto en la sede de Gobierno y en el Órgano Judicial es de proporciones telúricas. Analistas constitucionales coinciden en que la designación por corrupción significativa emitida desde Washington imposibilita cualquier tipo de coordinación operativa con agencias internacionales de inteligencia, aislando a Bolivia en la lucha antinarcóticos.
Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha emitido un pronunciamiento oficial de descargo frente a las acusaciones vertidas por el Departamento de Estado. Sectores parlamentarios y de la sociedad civil han comenzado a exigir la comparecencia urgente de Mariaca ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Esta crisis coloca a Bolivia en el centro de la atención diplomática hemisférica. El cuestionamiento directo al Fiscal General desmorona los discursos de transparencia judicial y evidencia las vulnerabilidades del sistema penal frente a las redes del narcotráfico internacional.
Frente a este escenario de descrédito total, la justicia boliviana enfrenta su hora más oscura. Las próximas horas serán determinantes para definir si la Asamblea Legislativa activa mecanismos de fiscalización o si la autoridad cuestionada da un paso al costado para evitar la parálisis institucional.
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