Ultimátum cívico demanda refundar el modelo energético e impositivo en Bolivia

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El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, presentó un pliego de diez exigencias drásticas al Gobierno nacional tras una reunión de emergencia con el presidente de YPFB, Sebastián Daroca, y el vocero presidencial, José Luis Gálvez, advirtiendo que la crisis de combustible exige soluciones estructurales inmediatas.

La cumbre entre autoridades cívicas, la Gobernación y la Alcaldía cruceña fijó una postura contundente frente al desabastecimiento en surtidores y el alza del diésel, estableciendo el 31 de agosto como fecha límite para recibir respuestas concretas del Ejecutivo.

Como primer mandato, las instituciones regionales exigieron la entrega de un cronograma diario de suministro para transparentar los volúmenes reales que se despachan a Santa Cruz, sus provincias y municipios.

En el ámbito comercial, demandaron incorporar activamente al sector privado en la cadena logística, permitiendo a las empresas importar, almacenar, transportar, refinación y distribuir carburantes sin monopolio estatal.

Para hacer viable la participación privada, solicitaron la eliminación inmediata de cargas tributarias como el IVA y el IT que obstaculizan y encarecen la importación directa de combustible.

En materia energética, plantearon declarar de prioridad nacional la producción de biocombustibles, buscando reducir la dependencia de carburantes importados y dinamizar la producción agrícola local.

A YPFB le exigieron reactivar de manera urgente la producción en campos de crudo subutilizados, poniendo en funcionamiento la infraestructura paralizada de oleoductos y poliductos en todo el país.

• ⛽ Fiscalización y mercado libre: Transparencia diaria en el despacho y apertura total al sector privado para importar y distribuir.

• 💸 Cero impuestos: Anulación de cargas tributarias (IVA e IT) para abaratar la llegada de combustible.

• 🛢️ Producción nacional: Obligación a YPFB de reactivar pozos paralizados y priorizar los biocombustibles.

• 🪖 Lucha contra el desvío: Intervención de las Fuerzas Armadas en fronteras y procesos penales por corrupción.

Respecto al control del sector, demandaron la disolución inmediata de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), a la que señalaron directamente como una de las fuentes de las mafias de corrupción en la comercialización.

En el ámbito de la seguridad, emplazaron a las Fuerzas Armadas a cumplir su rol constitucional en las fronteras para erradicar definitivamente el contrabando, el mercado negro y el desvío ilegal de carburantes.

El pliego plantea además iniciar un debate nacional para concretar reformas legales y constitucionales que permitan transformar el modelo energético boliviano y atraer nuevas inversiones.

Asimismo, la institucionalidad cruceña exigió la identificación con nombres y apellidos de los responsables de la crisis, demandando acciones penales inmediatas e informes claros sobre la lucha contra la corrupción en YPFB.

Las entidades advirtieron que la reunión fijada para el 31 de agosto con las autoridades gubernamentales determinará si el Estado cede ante las demandas o si el desabastecimiento deriva en medidas de fuerza regionales.

El Dato de Cierre La exigencia de desmantelar el control de la ANH y liberar impuestos pone al Gobierno en la encrucijada de ceder el monopolio estatal o enfrentar un paro productivo en Santa Cruz.