El Estado diseñó decretos para meter a Bolivia la gasolina desestabilizada

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La presidenta de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, Ximena Arispe, confirmó que el ingreso de carburantes desestabilizados fue una cadena de decisiones político-normativas, apuntando a una ingeniería legal premeditada desde el mismo Estado en la gestión de Luis Arce.

El informe final detalla que los decretos 5218 y 5313 de la administración de  Arce flexibilizaron la importación para generar un marco jurídico favorable, eliminando deliberadamente las exigencias técnicas.

La investigación de los legisladores señala directamente a 54 presuntos responsables, advirtiendo que "no responde a un evento fortuito", sino a acciones administrativas diseñadas para eludir el control estatal en la importación de carburantes.

Esta red de impunidad golpeó sin piedad la economía ciudadana, ya que la internación de este producto tóxico dinamitó la cadena logística, paralizando vehículos del transporte público y privado.

El colapso del transporte pesado por motores destrozados se trasladó a los mercados, afectando directamente el precio de la canasta básica familiar que hoy asfixia los bolsillos de la población.

⛽ Pérdida automotriz: Miles de motores resultaron con inyectores calcinados por la nula calidad.

📜 Escudo legal: Las exautoridades usaron la normativa oficial para evadir la fiscalización aduanera.

💰 Costo logístico: Los fletes de transporte se encarecieron por las fallas mecánicas en carretera.

📉 Mercado negro: La escasez generada por estos carburantes potenció la especulación nacional.

Lejos de proteger al consumidor, entidades llamadas por ley a fiscalizar borraron por completo los controles de calidad, permitiendo el ingreso del líquido corrosivo.

Expresidentes de YPFB y la exdirectora de la ANH enfrentan acusaciones penales porque autorizaron resoluciones de urgencia sin exigir certificados técnicos, facilitando el negocio transnacional.

La manipulación llegó hasta los contratos internacionales, donde se identificó una fluctuación irregular en el cobro del concepto de premio, beneficiando a empresas extranjeras.

Al no exigir los parámetros básicos de refinación, el Estado boliviano terminó pagando millones por desechos de hidrocarburos que destruyeron el parque automotor nacional.

Con la derivación del caso al Ministerio Público y la Contraloría, se abre un proceso penal por conducta antieconómica y daño calificado que deberá reportar avances trimestrales.

El Dato de Cierre: El Estado flexibilizó sus propias leyes para comprar carburantes que destrozaron la economía y los vehículos de la población. Hasta hace 20 días ya había pagado más de Bs 100 millones por daños a los vehículos.
 

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