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- 2026-08-13
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El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, aseguró que el Estado cuenta con aproximadamente 600 millones de dólares para la importación de carburantes, buscando disipar el temor sobre la falta de divisas mientras las filas kilométricas y la desesperación en surtidores persisten en todo el eje central. Esta cifra, según la autoridad, es suficiente para garantizar el abastecimiento y superar los problemas institucionales y logísticos que han frenado la entrega normal del suministro.
La realidad en las estaciones de servicio, sin embargo, contrasta con el optimismo oficial, evidenciando un desabastecimiento que el transporte califica de catastrófico. Mientras los conductores aguardan horas bajo el sol, la crisis se profundiza en Santa Cruz, donde se requiere un flujo diario de entre 3,2 y 3,8 millones de litros de diésel y otros 2,5 millones de gasolina para mantener el aparato productivo.
El consumo nacional diario de Bolivia escala hasta los 13 millones de litros de carburantes entre diésel y gasolina, lo que representa una demanda mensual que roza los 390 millones de litros. A precios internacionales de importación, que promedian 1,15 dólares por litro, el país enfrenta un costo operativo mensual que supera los 448 millones de dólares, revelando la fragilidad de las reservas anunciadas.
⛽ Demanda Diaria Nacional: 13 millones de litros totales (7M de diésel y 6M de gasolina).
🚛 Requerimiento en Santa Cruz: Hasta 6,3 millones de litros diarios entre ambos carburantes.
💵 Costo de Importación: Precio internacional promedio de 1,15 dólares por litro.
📉 Capacidad de Reservas: Los 600 millones apenas cubren 40 días de abastecimiento nacional.
Bajo este panorama, la capacidad de respuesta del Gobierno queda en entredicho, ya que los 600 millones de dólares mencionados se evaporarían en menos de seis semanas si se destinaran exclusivamente a cubrir la importación total requerida por el país. La presión sobre la caja fiscal es extrema, considerando que el subsidio impide recuperar el costo del producto, perpetuando un círculo vicioso de escasez y contrabando.
El sector transporte ha alzado su voz, advirtiendo que esta situación es insostenible y que la falta de diésel para la cosecha y el movimiento de carga es una amenaza directa a la seguridad alimentaria. La inacción o la lentitud en las gestiones, comparada por los transportistas con el paso de una tortuga, genera un riesgo latente de incremento en los precios de los productos de la canasta básica.
La intervención en YPFB, prometida por el Ejecutivo para corregir los problemas institucionales, aún no se traduce en una normalización efectiva del suministro en los surtidores. Mientras se espera que los cambios logísticos den resultados, la desesperación de los productores y conductores aumenta ante la incertidumbre de encontrar combustible disponible en las ventanas de tiempo críticas para la operación.
El Gobierno insiste en que el problema no es financiero, sino logístico, argumentando que la subvención está siendo capturada por sectores que fomentan el contrabando y el desvío. No obstante, la falta de respuesta inmediata obliga a los sectores productivos a declararse en emergencia, exigiendo soluciones definitivas que trasciendan la simple gestión de divisas y ataquen el fondo de la crisis estructural.
La libre importación para privados ha sido puesta sobre la mesa como una alternativa, aunque los gremios advierten que no constituye una solución definitiva sin cambios profundos en la política de subvención. La crisis, que ya lleva meses afectando la cadena productiva, pone a prueba la capacidad de resistencia de un sector transporte que exige respuestas técnicas, no más promesas de abastecimiento.
El Dato de Cierre: Con un consumo mensual que supera los 448 millones de dólares a precio internacional, los 600 millones de dólares anunciados por el Estado solo garantizan la operatividad de Bolivia por 40 días, dejando al país en un escenario de altísima vulnerabilidad frente a una demanda insaciable y una caja fiscal que se agota.
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