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- 2026-08-11
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El Gobierno central asume el costo de una negligencia privada al destinar fondos públicos para rescatar a los comerciantes de Barrio Lindo. Tras el feroz incendio que arrasó la feria en Santa Cruz, el Estado corre a salvar fortunas particulares mientras el ciudadano común enfrenta embargos y quiebras legales en total soledad.
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, confirmó el uso del aparato estatal para otorgar este escudo económico a los gremiales. “Se diseñará un paquete de medidas de alivio financiero y facilidades tributarias para permitir la recuperación del capital de trabajo de los comerciantes”, justificó la autoridad.
La celeridad del Ejecutivo para socorrer a este emporio comercial evidencia una asimetría alarmante en el trato hacia los contribuyentes. Los gremialistas afectados no son minoristas vulnerables, sino capitalistas operativos que manejan cifras de hasta dos millones de bolivianos en mercadería, según declaraciones de ellos mismos a la televisión local.
El desastre que consumió el 55% de la infraestructura no fue un accidente fortuito provocado por la naturaleza. Las pericias oficiales iniciales revelan que el fuego se originó por el almacenamiento irregular e irresponsable de fuegos pirotécnicos.
A pesar de esta negligencia criminal que puso en riesgo a toda una zona urbana, el Gobierno evita señalar a los responsables directos. El Estado prefiere premiar a los infractores con refinanciamientos bancarios antes que sancionar por operar un polvorín sin fiscalización.
🧨 55% de la estructura mercantil quedó calcinada por acopiar pólvora sin normas básicas de seguridad.
💰 2 millones de bolivianos es el flujo de capital de trabajo que resguardaban estos grandes comerciantes.
🏦 Congelamiento de deudas y nuevas facilidades impositivas son el premio gubernamental para el sector privado.
🚓 3 guardias de seguridad ratificaron ante la Fiscalía que las llamas iniciaron en el sector de explosivos.
El presidente de la feria, Benjamín Choque, calificó de positivo el acercamiento estatal y exigió que las promesas fluyan de inmediato. El dirigente presiona al Gobierno para obtener una pausa absoluta en sus deudas crediticias argumentando que llevan seis días sin trabajar.
Esta socialización estatal de las pérdidas privadas demuestra el enorme poder de presión que ejercen estas organizaciones gremiales. Las autoridades temen la capacidad de movilización de estas asociaciones y ceden ante cualquier contingencia para evitar conflictos.
Este rescate financiero sienta un precedente institucional nefasto para la economía formal que tributa sin recibir ningún tipo de auxilio. El mensaje de las autoridades es claro: la informalidad millonaria siempre tendrá protección del Estado, sin importar los delitos que cometa.
El Dato de Cierre: Otorgar perdonazos a un centro comercial que almacenaba pirotecnia ilegalmente legaliza la negligencia empresarial y convierte al Estado en el cajero automático de las mafias gremiales.
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