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- 2026-05-28
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El Comité Cívico Nacional arrinconó al presidente Rodrigo Paz al confirmar una reunión crucial para este jueves a las 10:00 de la mañana en Santa Cruz, donde se le planteará la declaración inmediata de un estado de excepción. La dirigencia cívica nacional lanzó una advertencia terminal al Poder Ejecutivo, asegurando que ya no existe capacidad de contención para frenar el desborde de las bases sociales en las carreteras del país.
La alarmante parálisis vial del territorio boliviano refleja que la paciencia de las regiones llegó a su límite destructivo por los conflictos en curso. El reporte oficial de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) encendió las alarmas rojas al confirmar la existencia de 73 puntos de bloqueo activos que asfixian las principales rutas fundamentales de conexión interdepartamental.
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, ratificó la presencia de los nueve líderes cívicos departamentales en la cita y sentenció que la prioridad absoluta es el restablecimiento del orden democrático. Los productores de zonas estratégicas como San Julián reportan pérdidas devastadoras que rozan el millón de bolivianos diarios debido a la imposibilidad de transportar alimentos hacia Beni, Pando y la Chiquitania.
La ABC detalló en su página de transitabilidad que La Paz es el departamento más afectado por las medidas de presión al registrar 22 puntos cortados. A este cerco vial total se suma la alarmante situación de los pacientes con tratamiento de diálisis que se encuentran impedidos de desplazarse con normalidad hacia los centros médicos especializados de la capital cruceña.
El panorama de asfixia en el asfalto se extiende hacia el resto del eje y el sur del país, reportándose oficialmente 15 puntos de bloqueo en Potosí, 11 en Cochabamba y 10 en Oruro. El informe técnico de las autoridades de caminos añade un registro menor pero igualmente crítico de 3 puntos de bloqueo adicionales en Chuquisaca y otros 3 cortes viales identificados en Santa Cruz.
Desde el sur, el titular cívico de Tarija, Jesús Gira Martínez, señaló que el encuentro busca agotar todos los mecanismos de pacificación nacional, aunque admitió que el estado de excepción debe analizarse como último recurso jurídico. Paralelamente, el representante del Beni, Hugo Aponte Arias, confirmó su asistencia y anticipó que expondrá el severo impacto de los conflictos sobre la población y los productores locales.
Por el lado del Poder Ejecutivo, el presidente Rodrigo Paz intentó mitigar la crisis reiterando su convocatoria pública al diálogo hacia los sectores movilizados. El mandatario nacional aseguró que enviará una carta formal y un emisario especial para concretar un encuentro directo con Vicente Salazar, de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari.
El jefe de Estado dirigió duras críticas contra el principal dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, cuestionando abiertamente su sistemática negativa a sentarse en la mesa de negociaciones. "Tienes que venir a hablar porque yo soy el presidente con el 55% del voto nacional", fustigó Paz ante la resistencia de la dirigencia obrera que rechaza dialogar con el Gobierno central.
A pesar de las convocatorias emitidas por Palacio Quemado, el movimiento cívico asistirá al encuentro en la capital oriental con una postura unificada frente a las pérdidas económicas. Los representantes regionales coinciden en que el tiempo político se agotó y que el orden constitucional en el territorio nacional requiere determinaciones inmediatas por parte del Ejecutivo.
La reunión de este jueves a las 10:00 definirá si el Gobierno central cede ante el planteamiento cívico o si el país ingresa formalmente a un escenario de conmoción interna de consecuencias impredecibles. La población boliviana amanece rehén de las disputas políticas en las carreteras, mientras se cumplen 28 días continuos de movilizaciones radicales a nivel nacional.
El Dato de Cierre: La Administradora Boliviana de Carreteras reporta que los 73 puntos de bloqueo activos mantienen completamente incomunicados los flujos comerciales de seis departamentos, provocando que los insumos y la producción agrícola queden paralizados de forma indefinida sobre el asfalto nacional.
