Terrorismo civil en las rutas: Bloqueos con licencia para matar

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La ciudad de La Paz y El Alto se encuentran bajo un asedio que ha trascendido la protesta social para convertirse en terrorismo civil. La ministra de Salud, Marcela Flores, confirmó este miércoles que el cerco radical ya se cobró la vida de dos personas y mantiene a otras seis en estado crítico. Los grupos movilizados, lejos de buscar reivindicaciones, han instaurado una licencia para matar al impedir sistemáticamente el paso de ambulancias.

Este escenario de barbarie se produce bajo la lupa de La Mesa de Análisis, ante la mirada impávida de un Gobierno que parece haber perdido el control del orden público. Las víctimas, Ana Enns y un paciente con falla renal de Guanay, no murieron por sus dolencias, sino por la intransigencia criminal de quienes decidieron que su agenda política vale más que la vida humana.

La primera víctima fatal, una mujer de 56 años, murió sin recibir auxilio porque el bloqueo en la ruta al Desaguadero bloqueó su traslado oportuno. El segundo fallecido, un paciente que necesitaba hemodiálisis, expiró en el camino porque los radicales en Caranavi sellaron el paso, demostrando que el cerco no tiene rostro humano.

🚨 RADICALISMO ASESINO: El cerco a las ciudades principales ya suma dos cadáveres y seis pacientes en agonía.

📦 VÍCTIMAS INOCENTES: Un niño de nueve años espera cirugía tras sufrir una amputación, retenido por la movilización.

📉 ESTADO PARALIZADO: El Gobierno de Rodrigo Paz se limita a pedir "corredores" en lugar de imponer la ley.

⚠️ CULPABLES SEÑALADOS: El Ejecutivo apunta a la COB y a la CSUTCB como los responsables directos de estas muertes.

El asedio actual ha dejado de ser una medida de presión para convertirse en un secuestro metropolitano. Resulta inaudito que en un Estado de derecho se permita que grupos de choque decidan quién vive y quién muere en las carreteras, mientras el Ministerio Público apenas amaga con iniciar investigaciones de escritorio.

Desde la otra acera, la indignación ciudadana crece ante la debilidad del Palacio, que sigue apostando al diálogo con verdugos. La pregunta que recorre las calles de La Paz es cuántos ataúdes más necesita ver el presidente Rodrigo Paz para entender que con el terrorismo no se negocia, se lo combate.

La lista de heridos y pacientes retenidos es una muestra de la descomposición moral de la dirigencia radical. Un niño con apendicitis y un adulto con insuficiencia cardíaca permanecen atrapados en Viacha, convertidos en rehenes de una dirigencia que ha perdido cualquier vestigio de humanidad.

La parálisis estatal ante el bloqueo de ambulancias, oxígeno y medicamentos es una omisión criminal. No se puede llamar "movimiento social" a una horda que impide que un niño con los dedos amputados reciba la cirugía que podría salvarle la mano; eso tiene otro nombre en cualquier parte del mundo.

Finalmente, la ministra Flores hizo un llamado desesperado a la sensatez, un recurso que parece agotado en las rutas bloqueadas. El cerco criminal sobre La Paz y El Alto ha cruzado el punto de no retorno, dejando al descubierto que la impunidad es hoy el combustible de la protesta boliviana.

El Gobierno tiene la obligación constitucional de garantizar la vida, pero hasta ahora solo ha garantizado el derecho al bloqueo. Mientras el Ejecutivo no desaloje las rutas, cada nueva muerte en el asedio será una mancha imborrable en el expediente de una gestión que se dejó acorralar por la barbarie.

El Dato de Cierre: La negativa de permitir el paso de ambulancias es un delito de lesa humanidad que, según el Código Penal, debería derivar en la aprehensión inmediata de los cabecillas del cerco.