El Estado busca responsables por la millonaria sangría de los arbitrajes internacionales

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El procurador general del Estado, César Siles, y el subprocurador Ricardo Condori, confirmaron el inicio de auditorías especializadas para determinar la responsabilidad de abogados y exautoridades en las derrotas legales ante tribunales internacionales. La medida apunta a ejecutar la "acción de repetición", un mecanismo legal para que los responsables resarzan con su patrimonio el daño económico causado al país.

Entre los casos prioritarios bajo fiscalización se encuentra el laudo del CIADI que obliga a Bolivia a pagar una indemnización millonaria al banco español BBVA por la nacionalización de la AFP Previsión. Bajo la lupa de La Mesa de Análisis, esta deuda se suma a una cadena de fallos adversos que exigen el desembolso inmediato de divisas en un contexto de alta restricción de liquidez.

• 📂 Casos Críticos: La Procuraduría audita la defensa técnica en el arbitraje del BBVA y otros procesos derivados de las nacionalizaciones.

• 💰 Deuda con BBVA: El fallo internacional establece un pago superior a los 105 millones de dólares (capital e intereses) en favor de la entidad española.

• ⚖️ Figuras Legales: El procurador Siles informó que se busca establecer si hubo dolo o culpa gravísima en la conducción de las defensas.

• 📉 Presión al TGN: Los desembolsos por arbitrajes perdidos representan una salida directa de reservas que afecta la estabilidad financiera.

El subprocurador Condori detalló que las auditorías no solo revisarán la estrategia jurídica, sino también los contratos de los bufetes externos contratados para estas defensas. El objetivo es transparentar por qué el Estado boliviano no logró evitar sentencias que hoy representan una carga económica insostenible para el Tesoro General.

La situación con el BBVA es uno de los puntos más críticos, ya que el laudo es de cumplimiento obligatorio para evitar el embargo de activos bolivianos en el exterior. Esta indemnización se suma a otros pagos recientes, acumulando una cifra que erosiona la capacidad de gasto del Gobierno en sectores estratégicos como la importación de carburantes.

La Procuraduría activará de oficio los procesos contra quienes resulten responsables de "malas defensas" que derivaron en sentencias condenatorias. Siles enfatizó que el Estado no puede asumir silenciosamente el costo de errores técnicos que terminan beneficiando a empresas transnacionales por encima del interés nacional.

Finalmente, el proceso de fiscalización busca sentar un precedente para las actuales y futuras autoridades jurídicas del país. Mientras se cuantifican los daños, el país debe gestionar cronogramas de pago con los acreedores internacionales para evitar mayores sanciones financieras en un mercado que vigila de cerca la solvencia boliviana.

El Dato de Cierre: Solo en el caso BBVA, el monto acumulado por intereses y costas procesales ha incrementado la deuda original en más de un 20%, presionando aún más la salida de moneda extranjera.