Comisión judicial halla vicios de ilegalidad en sentencia del Mutualista

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El conflicto por los terrenos del mercado Mutualista ha dado un giro radical tras el informe fulminante del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El presidente de la máxima instancia judicial, Rómer Saucedo, confirmó que la sentencia que pretendía entregar el predio a manos privadas es una resolución prevaricadora.

La comisión especial determinó que el fallo contiene vicios de ilegalidad que no pueden ser ignorados por el Estado boliviano. Esta conclusión técnica, bajo la lupa de La Mesa de Análisis, frena en seco el intento de despojo del patrimonio municipal y pone en duda la probidad de los magistrados del Tribunal Constitucional.

“No podemos dejar pasar por alto una sentencia constitucional que contiene prevaricato. El hecho de que sea una sentencia dictada por el TCP no exime que sea una resolución prevaricadora”, sentenció Saucedo. Con estas palabras, el titular del TSJ rompe la inmunidad política que suele rodear a los fallos constitucionales.

El informe revela que se ignoró documentación histórica vital de 1989, la cual prueba que los predios del Mutualista nunca fueron reclamados. Estos documentos originales, que garantizan la propiedad pública, pasarán ahora a formar parte del archivo nacional en Sucre para evitar cualquier intento de manipulación o extravío.

• ⚖️ Fallo Viciado: El TSJ confirmó que la sentencia del TCP vulneró el ordenamiento jurídico vigente.

• 📂 Custodia Nacional: Los títulos de 1989 serán blindados en Sucre como patrimonio del Estado.

• 🛡️ Defensa del Patrimonio: Se paraliza cualquier intento de toma física por parte de particulares.

• 🏛️ Seguridad Jurídica: El informe restablece la jerarquía de la ley sobre interpretaciones arbitrarias.

Saucedo identificó también una grave responsabilidad penal en una juez de Pailón, quien actuó sin tener jurisdicción en la zona. Esta autoridad judicial admitió amparos y otorgó medidas cautelares de forma irregular, facilitando un escenario de inseguridad jurídica que hoy el TSJ intenta subsanar de oficio.

La auditoría técnica demostró que el tribunal que emitió la sentencia original omitió pasos procesales críticos. Esta maniobra jurídica, según la comisión, buscaba consolidar el traspaso de terrenos de dominio público a manos privadas mediante un fraude procesal que ahora será investigado penalmente.

Para los comerciantes del Mutualista, este informe representa un salvavidas legal en medio de una batalla de años. El TSJ ha decidido actuar como un dique de contención frente a resoluciones que representaban una amenaza directa a la propiedad colectiva y a la estabilidad institucional de Santa Cruz.

Con este giro, el curso del proceso cambia de dirección: lo que antes era una sentencia ejecutoriada ahora es un documento con vicio de nulidad. La justicia penal ahora tiene la tarea de perseguir a quienes utilizaron el derecho para intentar consumar un asalto al patrimonio municipal.

La resolución del TSJ sienta un precedente histórico sobre el control de convencionalidad y legalidad en Bolivia. El mensaje de Rómer Saucedo es claro: ninguna instancia, por más alta que sea, está por encima de la verdad material y los documentos que certifican la propiedad de los bolivianos.

El Dato de Cierre: La documentación de 1989 será digitalizada por la comisión para asegurar que ninguna "chicana" jurídica vuelva a poner en riesgo los predios del mercado.
 

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