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- 2026-04-16
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Lo que comenzó como una serie de quejas aisladas de transportistas se ha transformado en una millonaria admisión de culpa por parte del Estado. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha desembolsado, hasta la fecha, un total de Bs 11,9 millones para compensar a los propietarios de vehículos cuyos motores fueron destruidos o dañados por la distribución de gasolina desestabilizada, según nota oficial. Este monto, lejos de ser un logro de gestión, representa la factura directa de un error técnico en la cadena de suministro de carburantes que ha paralizado a miles de conductores en todo el país.
El alcance del desastre, bajo la lupa de La Mesa de Análisis, revela una cifra alarmante: 6.352 vehículos han sido oficialmente reconocidos como víctimas de este combustible defectuoso. La magnitud del daño es tal que la estatal petrolera ha tenido que habilitar un modelo operativo de emergencia junto a la aseguradora Unibienes para procesar miles de carpetas de reclamo. No se trata solo de cifras frías; es la confirmación de que el sistema de control de calidad de la principal empresa de los bolivianos falló, permitiendo que un producto "letal" para la mecánica automotriz llegara a los surtidores.
Del universo de afectados, el segmento de las motocicletas ha sido el más golpeado, con 2.308 unidades compensadas por un valor que supera los Bs 1,7 millones. Esta cifra evidencia que los sectores más vulnerables de la economía, como los mototaxistas y repartidores, fueron los primeros en sentir el impacto de la gasolina de mala calidad.
El conflicto no está cerrado, pues en municipios como El Torno, grupos de mototaxistas recién han logrado cerrar acuerdos tras días de tensión administrativa. La estatal petrolera sostiene que el proceso es "progresivo" y que se basa en un Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC), pero para el transportista de base, el pago recibido es apenas un paliativo. Muchos denuncian que la compensación por la reparación mecánica no cubre el lucro cesante, es decir, el dinero que dejaron de percibir mientras sus herramientas de trabajo estaban varadas en los talleres.
La operatividad de este plan de pagos contempla un plazo de hasta siete días para la acreditación efectiva, mientras las filas en el Banco Unión persisten para quienes no cuentan con cuentas habilitadas. La logística de YPFB ha tenido que reforzarse con puntos de acopio de documentación física, especialmente para coordinar con sindicatos y federaciones que actúan como dique de contención ante posibles medidas de presión.
A pesar de los desembolsos, la sombra de la duda persiste sobre la calidad actual de los carburantes. Si bien YPFB asegura que la situación está bajo control, el gasto de casi 12 millones de bolivianos es una cicatriz financiera que pone en duda la eficiencia de la mezcla de aditivos y el almacenamiento de los combustibles que hoy mueven al país. La desconfianza en el surtidor se ha convertido en un costo invisible pero real, que obliga a los conductores a extremar precauciones ante el temor de que sus motores vuelvan a ser víctimas de una nueva "desestabilización".
Mientras la compensación avanza, el sector transporte permanece en alerta, advirtiendo que no permitirán que se normalice la entrega de combustibles de baja calidad bajo el argumento de la crisis energética. La factura del error ya está sobre la mesa, y el costo político para la estatal petrolera podría ser incluso más elevado que el económico si los problemas en los surtidores vuelven a repetirse.
El Dato de Cierre: Hasta este jueves, el total acumulado de pagos asciende a Bs 11.900.000, cubriendo a más de 6 mil propietarios, de los cuales 2.308 son motociclistas organizados.
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