- Portada
- 2026-03-31
-
-
-
Loading
Loading
[Estamos en WhatsApp. Empieza a seguirnos ahora]
La historia del mayor fraude energético de la década comienza con un susurro en las calles de Iquique y Arica. "Yo ahorita tengo 300 litros", se escucha decir a un operador clandestino en un video de inteligencia presentado este martes. Bajo la lupa de La Mesa de Análisis, ese diálogo es la prueba de que el combustible boliviano se subastaba al mejor postor en el norte de Chile mientras en Bolivia las filas en los surtidores se hacían eternas.
La investigación, impulsada directamente por el Gobierno de Rodrigo Paz, revela un modus operandi digno de una novela de espionaje industrial. Según el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, una red transnacional operaba desde el año pasado con una precisión quirúrgica, perforando la seguridad de las cisternas que debían alimentar al parque automotor nacional.
El primer acto de este sabotaje ocurría en garajes particulares de territorio chileno. Allí, las cisternas que transportaban entre 33,000 y 35,000 litros eran interceptadas para una extracción masiva. Los delincuentes lograban sacar hasta 7,000 litros por unidad, abriendo las válvulas superiores para desvalijar el patrimonio energético de los bolivianos antes de cruzar la frontera.
Para que el robo no fuera detectado por el peso o el volumen, la red aplicaba una alquimia criminal asquerosa. El espacio vacío dejado por el combustible robado era rellenado con agua de acequia contaminada y aceite usado de motor. Esta mezcla buscaba simular la densidad y el color del combustible original, convirtiendo el cargamento en un veneno indetectable a simple vista para los motores.
El ministro Oviedo fue enfático: "Esto es lo que ha estado recibiendo el país". La investigación gubernamental estima que unas 5,000 cisternas ingresaron bajo este esquema de adulteración, lo que equivale a 150 millones de litros de basura que YPFB dejó pasar por sus puestos de control durante seis meses consecutivos de ceguera técnica.
Lo más perturbador de la pesquisa oficial es la confirmación de que la red tiene "dos puntas". Mientras una operaba en los puertos chilenos, la otra punta se localizaba dentro de territorio boliviano, específicamente en las plantas de distribución del occidente. Esto implica que el combustible basura no solo cruzó la frontera, sino que fue "validado" en casa.
Bajo la lupa de La Mesa de Análisis, resulta técnicamente imposible que el agua de una acequia —con su carga de sedimentos y contaminantes— pase por un laboratorio de YPFB sin que un solo técnico note la diferencia. La certificación de la basura sugiere que la corrupción interna en la estatal petrolera fue el lubricante necesario para que el fraude funcionara.
El daño ya es una tragedia nacional con rostro humano. Se estima que más de 10,000 motorizados, tanto públicos como privados, han sufrido daños irreparables en sus sistemas de inyección. Para el transportista que depende de su camión o de su micro, el sello de "aprobado" de YPFB en el surtidor fue, en realidad, la sentencia de muerte de su herramienta de trabajo.
La investigación del Gobierno de Paz apunta a que esta red se originó en la administración anterior de la estatal petrolera, extendiéndose como un cáncer que perforó los protocolos de seguridad. Sin embargo, la responsabilidad actual de YPFB es innegable: permitieron que el país fuera el vertedero de una estafa transnacional durante medio año.
El relato del ministro Oviedo sobre el trasvase ilegal en Arica e Iquique muestra una zona liberada donde el combustible boliviano era moneda de cambio. Mientras los "saboteadores" se enriquecían revendiendo el diésel puro en Chile, los surtidores en Bolivia despachaban una mezcla que fundía motores a lo largo y ancho del país.
Desde la otra acera, los gremios de transporte exigen que la investigación no termine en la frontera. Si el Gobierno ya tiene los videos y los audios de la negociación en las calles chilenas, la nación espera ahora las órdenes de aprehensión contra los funcionarios bolivianos que permitieron que 150 millones de litros de agua sucia llegaran a los tanques.
La crisis de los carburantes adquiere así una dimensión criminal. Ya no se trata solo de la falta de dólares para importar; se trata de una estafa certificada por el Estado. El "agua de acequia" es la metáfora perfecta de una gestión técnica en YPFB que falló en su misión más básica: proteger lo que el país consume.
El Gobierno ha anunciado que continuará profundizando las pesquisas en coordinación con la Policía y la Fiscalía de Chile, Paraguay y Argentina. La red era un pulpo con tentáculos en toda la región, pero cuya cabeza técnica parecía estar cómoda en las oficinas de fiscalización de la estatal petrolera boliviana.
El Dato de Cierre: Solo en la reposición de los 35 millones de litros robados y el costo de reparación de los motores afectados, el daño económico para el país y los ciudadanos supera los 150 millones de dólares, una cifra que YPFB aún no explica cómo dejó escapar de sus manos.
