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- 2026-03-31
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El Estado boliviano ha consolidado un sistema de feudos institucionales donde la ventanilla no es un servicio, sino una aduana interna de recaudación. Bajo la lupa de La Mesa de Análisis, queda claro que instituciones como el Serecí y Derechos Reales operan como empresas extractivas cuyo mineral más valioso es el bolsillo del ciudadano.
La diputada Sandra Hinojosa activó las alertas al exigir un Informe Oral y presentar una Petición de Informe Escrito (PIE) contra las autoridades del Servicio de Registro Cívico (Serecí). La legisladora denunció la "indignación" de la población ante una medida que delega el trámite de certificados a las oficialías, disparando los costos de manera arbitraria.
El reclamo parlamentario desnuda una realidad cruda: un certificado de nacimiento que cuesta 33 bolivianos en el Serecí, sube a 52 bolivianos en las oficialías de registro civil. Esta diferencia de 19 bolivianos representa un "impuesto a la identidad" que el ciudadano debe pagar obligatoriamente ante el cierre de servicios en las oficinas centrales.
Esta maniobra del Serecí es el síntoma de una enfermedad mayor donde las cajas chicas del Estado se resisten a la transparencia digital. El Registro Único de Ciudadanía Digital, recientemente impulsado por el Ejecutivo, nace con el enemigo en casa: instituciones que prefieren el papel porque el papel permite el cobro discrecional.
Derechos Reales (DDRR) es el otro gran pilar de este cartel de la recaudación, manejando folios y gravámenes con una lógica de feudo judicial. La férrea resistencia a que DDRR pase al control del Ejecutivo no es por independencia de poderes, sino por el control de una mina de oro millonaria que financia estructuras oscuras.
El Segip, las licencias de conducir y las cédulas de identidad también forman parte de este engranaje de cobro perpetuo, donde cada plástico renovado es un respiro financiero para la institución. El ciudadano boliviano no paga trámites por su valor administrativo, sino que paga un peaje institucional para que el Estado le reconozca sus derechos básicos.
Desde la otra acera, el Gobierno central intenta centralizar datos, pero choca con la autonomía recaudadora de los órganos Electoral y Judicial. Mientras la tecnología permite que un certificado sea gratuito y digital, el Serecí se atrinchera en un modelo analógico que garantiza flujo de caja para sus oficialías aliadas.
La interoperabilidad que promete el DS 5143 es, en realidad, una declaración de guerra a estas ventanillas que viven del "vuelva mañana". Cada traba burocrática eliminada es un boliviano menos que ingresa a estas cuentas institucionales que históricamente han operado sin fiscalización real del soberano.
El pedido de informe de la Asamblea Legislativa es solo la punta del iceberg de un conflicto de intereses donde el rehén es el usuario. La desburocratización es imposible mientras las instituciones dependan de su propia recaudación para sobrevivir, convirtiendo al funcionario en un agente de ventas de sellos y timbres.
El Dato de Cierre: Solo en el departamento de La Paz, el Serecí dejará de emitir duplicados desde el 2 de abril, forzando masivamente el uso de oficialías con el tarifazo de 19 bolivianos adicionales por cada documento.
