YPFB admite daños y desembolsa Bs 4,15 millones en compensaciones

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YPFB ha oficializado el desembolso de 4,15 millones de bolivianos para compensar a los propietarios de vehículos afectados por la distribución de gasolina desestabilizada. Esta cifra, que incluye montos ya pagados y otros listos para retiro en ventanilla, representa un reconocimiento implícito de que el combustible comercializado no cumplía con los estándares de calidad requeridos.

La medida, analizada bajo la lupa de La Mesa de Análisis, confirma que la estatal petrolera ha tenido que ceder ante la presión de miles de usuarios que reportaron fallas mecánicas severas tras cargar carburantes. El Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC) se ha convertido en el tribunal donde el Estado admite, mediante el pago, su responsabilidad técnica en el daño de motores a nivel nacional.

A la fecha, el reporte oficial señala que 2.358 usuarios han logrado superar los filtros burocráticos para ser habilitados al cobro en el Banco Unión. Sin embargo, esta cantidad de beneficiarios es mínima si se compara con el parque automotor afectado, sugiriendo que el sistema de reclamos actúa como un embudo administrativo que desalienta la demanda masiva del ciudadano común.

El proceso de pago es estrictamente personal y requiere la presentación del documento de identidad original junto al número de caso asignado por el SREC. Esta rigurosidad busca evitar fraudes, pero también evidencia la reacción tardía de una institución que solo actúa cuando el perjuicio económico ya ha golpeado el bolsillo del transporte público y privado.

La estatal petrolera asegura que continúa revisando los casos pendientes bajo criterios de transparencia, aunque el silencio sobre el origen de la desestabilización química de la gasolina persiste. Para el usuario, este pago es una victoria agridulce: el Estado devuelve una parte del dinero, pero el daño estructural en inyectores y bombas de combustible ya es irreversible en muchos casos.

El financiamiento de estas compensaciones proviene de los mismos recursos públicos, lo que significa que la ineficiencia logística de la empresa es pagada indirectamente por todos los bolivianos. Mientras se habilitan las ventanillas de cobro, la incertidumbre sobre la calidad de los futuros cargamentos de carburantes sigue siendo la principal preocupación de quienes dependen de su vehículo para trabajar.

La Paz concentra el mayor número de reclamos procesados, pero el alcance del SREC es nacional, permitiendo cobros en todas las sucursales del Banco Unión. Esta confesión de parte por parte de YPFB sienta un precedente peligroso: el Estado reconoce que su producto dañó la propiedad privada y ahora intenta mitigar el impacto social con desembolsos millonarios de emergencia.

El Dato de Cierre: El promedio de compensación por cada uno de los 2.358 beneficiarios es de Bs 1.760, un monto que apenas cubre una limpieza de inyectores básica, dejando el costo de las reparaciones mayores en manos del ciudadano.