El Gobierno convoca al diálogo cuando el paro por los carburantes ya paralizó la sede de Gobierno

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El Gobierno boliviano ha intentado aplicar una maniobra de control de daños que llega demasiado tarde para los miles de ciudadanos afectados. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, junto a otros miembros del gabinete, salió a los medios para hacer un llamado al diálogo y pedir respeto a los acuerdos, justo cuando el paro de 24 horas del transporte federado y libre en La Paz y El Alto estaba a punto de concluir.

Este llamado tardío, bajo la lupa de La Mesa de Análisis, es percibido más como un intento de distracción política que como una voluntad real de solución. Los dirigentes del transporte habían anunciado la medida con 48 horas de anticipación, advirtiendo sobre la desesperante situación provocada por la mala calidad de la gasolina y la falta de carburantes, pero el Ejecutivo esperó a que la Sede de Gobierno se paralizara para reaccionar.

Mientras el Ministro Lupo descalificaba el paro como un "error" y aseguraba que "los paros no resuelven nada", el descontento en las calles era unánime. El Estado boliviano parece comportarse como un bombero que llega cuando las cenizas ya se enfriaron, convocando a mesas de negociación cuando el daño económico para los transportistas y la ciudadanía ya estaba hecho.

Un dato revelador que profundiza la crisis es la admisión, por parte de YPFB, de que recién este miércoles comenzaron a pagar compensaciones por la "gasolina desestabilizada". Esto confirma que el reclamo de los choferes no era un invento político, sino una respuesta a un problema real provocado por el mismo Estado al entregar combustible de mala calidad que arruinó herramientas de trabajo.

La narrativa oficial de que "Bolivia quiere trabajar" choca violentamente con la realidad del 86% de los bolivianos que viven en la informalidad y que hoy perdieron un día de sustento por un problema que el Gobierno no supo prever. No es una movilización por consignas políticas, es una protesta por supervivencia económica ante la ineficiencia estatal en la gestión de los carburantes.

El diálogo convocado por Lupo y sus colegas se percibe hoy más como un sedante administrativo para evitar que la medida de 24 horas escale a un paro indefinido la próxima semana. La Paz ha vivido una jornada de caos y bloqueos porque el Palacio de Gobierno prefirió esperar a que el "incendio" social estuviera en su punto máximo antes de ofrecer el primer "balde de agua" burocrático.

Finalmente, la tardía reacción oficial deja en evidencia la falta de un radar de inteligencia social en el Gobierno. La desconexión es total: mientras los ministros de la foto piden tregua y orden, los transportistas en las calles siguen sufriendo las consecuencias de una gasolina que arruina motores y de un Estado Selectivo que solo reacciona bajo bomba de tiempo.

El Dato de Cierre: YPFB informó que más de 700 usuarios del Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC) comenzaron a cobrar compensaciones a través del Banco Unión, evidenciando la magnitud del desastre provocado por el "combustible desestabilizado" gestionado por la estatal.