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- 2026-03-17
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La decisión del presidente chileno José Antonio Kast de endurecer la frontera mediante la excavación de zanjas ha encontrado un eco inesperado en La Paz. El canciller boliviano, Fernando Aramayo, según Erbol, no solo descartó que la medida afecte la relación bilateral, sino que sugirió que este cerco físico podría ser la solución que Bolivia no ha podido implementar para frenar el flujo de delitos transfronterizos.
Esta postura, bajo la lupa de La Mesa de Análisis, representa un reconocimiento implícito de la incapacidad del Estado boliviano para controlar sus propios límites. Mientras Chile levanta muros de tierra, la Cancillería de Rodrigo Paz se limita a apelar a la "buena fe", dejando en manos de la estrategia de seguridad de Santiago la protección de los ciudadanos bolivianos frente al crimen organizado.
El argumento oficial es que las zanjas funcionarán como un filtro necesario contra el tráfico de vehículos robados, un ilícito que azota a ambos países. Para el Gobierno boliviano, quienes cruzan estos límites para delinquir son sujetos prontuariados que ponen en riesgo a la población, justificando así que un tercer país tome medidas drásticas que Bolivia no ha ejecutado.
Desde la otra acera, la reacción ciudadana en redes sociales ha sido mayoritariamente favorable a la dureza chilena. El boliviano de a pie, harto de la inseguridad y el contrabando, ve en las zanjas de Kast el control que su propia Policía y Ejército no han logrado garantizar en décadas de fronteras permeables.
Aramayo anunció que Bolivia presentará su propia visión de "vecino seguro" para sacudirse la estigmatización del pasado vinculada a la venta de pasaportes y el tránsito ilícito. Sin embargo, la estrategia parece ser reactiva: Bolivia se adapta al diseño de seguridad chileno en lugar de proponer una política soberana de resguardo fronterizo.
El relanzamiento de las relaciones con el Gobierno de Rodrigo Paz se pone a prueba con esta barrera física. Lo que en otro tiempo se hubiera denunciado como una agresión a la integración, hoy se acepta bajo el pragmatismo del combate al crimen, en una región que vira hacia políticas de mano dura.
La Cancillería cree que la estrategia chilena implica un reconocimiento de responsabilidad compartida. No obstante, delegar la seguridad del territorio a la infraestructura de un vecino marca un precedente de dependencia logística que la diplomacia boliviana intenta disfrazar de cooperación cordial.
La sumisión ante el "muro" de Kast es el reflejo de una crisis de seguridad interna que ha rebasado los discursos de hermandad latinoamericana. Bolivia hoy prefiere una zanja que detenga el delito a una soberanía que no sabe cómo proteger sus propios caminos.
El Dato de Cierre: Se calcula que el tráfico de vehículos robados desde Chile genera pérdidas superiores a los 200 millones de dólares anuales en la economía regional.
