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- 2026-01-20
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La seguridad sobre la propiedad privada es el pilar de la inversión agroindustrial en el oriente boliviano. Un plan de desalojo masivo no solo busca restituir derechos, sino frenar la escalada de violencia en las provincias, donde la agresión a autoridades indígenas ha reactivado la urgencia estatal.
El gobernador Luis Fernando Camacho presentará este jueves una estrategia integral para liberar 300 predios avasallados en el departamento. La propuesta establece un plazo perentorio de 24 horas para el abandono voluntario de los terrenos, activando la fuerza pública inmediatamente después de cumplido el tiempo.
A diferencia de intentos anteriores, el anuncio destaca la participación conjunta de la Policía y las Fuerzas Armadas (FFAA). Esta coordinación busca no solo el desalojo efectivo, sino el establecimiento de una presencia disuasiva que impida el retorno de los grupos irregulares a las zonas intervenidas.
La decisión surge tras la reciente agresión sufrida por un cacique en San José de Chiquitos a manos de presuntos avasalladores. Este hecho de violencia física contra una autoridad tradicional aceleró los tiempos políticos para ejecutar medidas de control territorial más severas en la región chiquitana.
Pese al tono firme del anuncio, la lucha contra la toma ilegal de predios ha sido una promesa recurrente del Gobierno Departamental. Hasta la fecha, el fenómeno persiste como una amenaza latente, desafiando las coordinaciones previas realizadas con otras instituciones nacionales y del orden.
El gobernador recalcó que la meta es ejercer un control real sobre la propiedad privada en todo el departamento. La estrategia de seguridad ciudadana y territorial pretende enviar un mensaje de "tolerancia cero" a los movimientos que operan bajo la modalidad de tomas clandestinas.
El éxito de la medida dependerá de la respuesta efectiva de la Policía y las FFAA ante el llamado de la Gobernación. La interoperabilidad entre el nivel subnacional y las fuerzas del Estado central será la prueba de fuego para este plan que pretende ser el más ambicioso de 2026.
Con la presentación oficial programada para el jueves, se espera que los operativos de gran escala inicien antes del fin de semana. El foco inicial estará puesto en las zonas de mayor conflicto, donde se han reportado los enfrentamientos más violentos entre propietarios, indígenas y ocupantes.
