Excomandante celebra detención de exministro Eduardo Del Castillo

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Desde el recinto penitenciario de El Abra, el Gral. Juan José Zúñiga, principal protagonista de los eventos del 26 de junio de 2024, emitió un manifiesto cargado de fuertes expresiones. Según el documento difundido por sus allegados, el exjefe militar califica su encierro como una detención política ordenada por el exministro Eduardo del Castillo y el expresidente Luis Arce Catacora.

El pronunciamiento de Zúñiga surge pocas horas después de que la Fiscalía General del Estado confirmara la aprehensión de Eduardo del Castillo en el aeropuerto de Viru Viru. El exjefe militar asegura que la "historia empieza a poner las cosas en su lugar" tras años de lo que él denomina un saqueo deliberado de los recursos públicos por parte de una élite política.

En su carta, el General afirma que el honor militar no ha sido doblegado pese al encierro que cumple por el presunto delito de alzamiento armado. Denuncia que el sistema judicial fue utilizado como un "arma política mortal" para perseguir a quienes no se alinearon con el proyecto oficialista, llenando las cárceles de soldados y policías humildes.

Zúñiga personaliza el abuso de poder en la figura de Eduardo del Castillo, a quien se refiere con el alias de “Sonia”. Critica duramente el episodio en la Plaza Murillo donde el exministro le increpó públicamente, señalando que aquel gesto buscaba humillar no solo al individuo, sino a la investidura del soldado de la Patria.

El manifiesto detalla que el sufrimiento de las familias de militares y policías presos es una deuda que los actuales gobernantes deberán hacer pagar ante la justicia. Zúñiga sostiene que existen cientos de "presos políticos" que son testigos de la manipulación de fiscales y jueces para sostener lo que él llama una "falsa narrativa de golpe de estado".

A pesar de su situación jurídica, el General expresa una abierta satisfacción por la detención de Del Castillo, dándole una sarcástica "bienvenida a las cárceles del pueblo". Afirma que este es solo el inicio del fin para otros colaboradores del régimen, mencionando específicamente a ministros y operadores de inteligencia que aún permanecen en funciones.

El excomandante nombra directamente a figuras como Marianela Prada, Edmundo Novillo y el Gral. Jhonny Aguilera como responsables de sostener la maquinaria de persecución. Según el texto, estos actores habrían sembrado odio contra las Fuerzas Armadas, despojando de dignidad y sustento a decenas de hogares de uniformados bolivianos.

Zúñiga enfatiza que el grito de “baja, Zúñiga” se ha invertido hoy, siendo ahora el pueblo quien exige que los "verdugos" bajen de su pedestal y rindan cuentas. Asegura que el relato que se armó se está agotando y que la verdad sobre los sucesos de junio de 2024 comenzará a emerger con la caída de los actores clave.

El documento concluye con un mensaje de resistencia, asegurando que su dignidad permanece intacta a pesar de los meses de aislamiento. Zúñiga proyecta que mañana caerá el resto del aparato político que persiguió al pueblo, mientras la nación boliviana empieza a caminar hacia un proceso de justicia real y sin sesgos.

Finalmente, el General reafirma su lealtad a la bandera boliviana desde su celda, enviando un saludo al "corazón de la Patria". El Ministerio de Gobierno y la Fiscalía aún no se han pronunciado sobre la difusión de este manifiesto, mientras la defensa de Zúñiga busca usar estos hechos para solicitar una revisión de sus medidas cautelares.

Las repercusiones de estas declaraciones han generado un clima de tensión en los comandos policiales y militares. Analistas sugieren que la caída de figuras de confianza de Luis Arce podría debilitar el control que el Ejecutivo ejercía sobre los procesos judiciales en curso contra los militares implicados en la crisis militar de mediados de año.

El país aguarda ahora la audiencia cautelar de Eduardo del Castillo, mientras la carta de Zúñiga circula masivamente en redes sociales. El desenlace de esta pugna interna en el bloque de poder definirá el tono político con el que Bolivia iniciará el año 2026, bajo una sombra de juicios y revanchas.