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- 2025-12-11
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Tras la detención del expresidente y exministro de Economía, Luis Arce, por el caso del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc), la Fiscalía boliviana ha intensificado la ofensiva judicial.
El fiscal Miguel Cardozo confirmó este jueves la emisión de cinco mandamientos de aprehensión adicionales contra otros sindicados en el proceso. Aunque evitó revelar los nombres para no obstaculizar la investigación, el fiscal explicó que las órdenes ya están en manos de la Policía Boliviana para su cumplimiento. Cardozo precisó que en total hay siete implicados en el caso y todos cuentan con alertas migratorias.
Los Cargos Contra Luis Arce
El expresidente Arce será imputado formalmente por delitos como conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. La Fiscalía argumenta que, durante su gestión como Ministro de Economía (2006-2019), Arce tuvo responsabilidad directa por presidir el directorio del Fondioc.
Las acusaciones se centran en: Autorizar desembolsos de dinero del Fondioc a cuentas particulares. No realizar el seguimiento adecuado al cumplimiento de los proyectos financiados.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sostuvo que Arce es el "principal responsable" del "millonario daño económico" al Fondioc, estimando que la afectación inicial asciende a 360 millones de bolivianos (aproximadamente $51.7 millones de dólares). Oviedo también mencionó otros delitos como favorecimiento al enriquecimiento ilícito y uso indebido de influencias.
La posición de la defensa y las denuncias de irregularidad
La detención de Arce, ocurrida el miércoles 10 de diciembre, generó una fuerte reacción en su entorno. La exministra de la Presidencia, María Nela Prada, denunció que la aprehensión fue un "secuestro" y un acto de "persecución política". Sostuvo que el expresidente es inocente y que la aprehensión fue totalmente ilegal.
El caso Fondioc es considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de Bolivia, con auditorías que revelaron proyectos fantasmas, pagos sin respaldo y un perjuicio económico total que supera los $182 millones de dólares en distintas irregularidades, implicando a varias exautoridades y líderes sociales.