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- 2025-12-08
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La exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty fue trasladada este lunes al penal de Obrajes para cumplir cuatro meses de detención preventiva, dictaminados por un juez de La Paz el sábado.
La medida cautelar responde a la investigación por el presunto desvío de recursos del extinto Fondo Indígena (Fondioc), un escándalo de corrupción que ha arrastrado más de 150 procesos penales a lo largo de una década.
Cerca del mediodía, un reforzado operativo policial escoltó a Patty al Centro de Orientación Femenina de Obrajes. La exlegisladora es investigada por el proyecto "Producción de tomate y hortalizas", el cual, según la Fiscalía, presenta un avance físico del 50% pero un desembolso presupuestario del 80%. Se le acusa de recibir 700.000 bolivianos en sus cuentas particulares para la ejecución del proyecto.
Richard Cerca, abogado de la defensa, calificó la medida como "ilegal" y argumentó que los depósitos en cuentas personales estaban permitidos por la normativa vigente en ese momento. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que aún existen 500.000 bolivianos cuyo destino no ha sido explicado legalmente.
Antecedentes del Caso Fondioc
El caso Fondioc (Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios Campesinos) es uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de Bolivia, revelado inicialmente en 2015. Se estima un daño económico superior a los 182,7 millones de dólares. El fondo, creado para financiar proyectos productivos indígenas, vio cómo recursos públicos eran transferidos a cuentas personales de dirigentes y ministros sin la debida fiscalización o ejecución real de obras.
Personajes como la exministra Nemesia Achacollo y dirigentes como Felipa Huanca, Juanita Ancieta, y Rodolfo Machaca estuvieron implicados en el desfalco, aunque muchos de ellos fueron liberados o exonerados de culpa con el tiempo, generando críticas sobre la selectividad de la justicia.
La situación de Patty se agravó el viernes por la noche, cuando se conoció la apertura de una segunda investigación en su contra, esta vez por un proyecto de producción de miel que demandó una inversión superior a los Bs 650.000. La exdiputada, conocida por ser la denunciante clave en el "caso golpe I", ahora enfrenta las consecuencias del sistema judicial que ella misma ayudó a activar en otros contextos.