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Cuando se trata de defender a los incendiarios de bosques, los caudillos del MAS olvidan sus rencillas, que muchas veces son mucho ms que eso, porque llegan a gruesas ofensas, y se ponen de acuerdo.
Luis Arce ha aceptado la llegada de bomberos extranjeros, de Chile y Francia, pero no orden a sus diputados que abroguen las diez leyes incendiarias que favorecen a los cocaleros y a los mineros ilegales.
Es como si Arce y Morales tuvieran que obedecer mandatos que llegan del exterior y que estn por encima de sus pequeas peleas por las elecciones de 2025.
Cmo explicar a esos dos pases que el gobierno recibe a sus bomberos, pero, al mismo tiempo, se niega a eliminar las leyes que autorizan, e incluso promueven los incendios?
El diputado masista Flix Ajpi tuvo la decencia de reconocer que los incendios crean intereses econmicos, pues los nuevos dueos de las tierras quemadas han llegado con la intencin de invertir y trabajar.
A esto, el diputado llama intereses cruzados, pero no entra a explicar cmo es que las tierras arrasadas por el fuego tienen dueos cuyos intereses deben ser defendidos.
Son los masistas que, incluso pisando brasas, llegan con sus papeles que los definen como dueos absolutos de las tierras quemadas.
Estos papeleos comenzaron antes de que los incendiarios hubieran prendido fuego a las zonas apetecidas por los nuevos cocaleros y los mineros ilegales.
El mismo procedimiento se aplica a las tierras que han de ser avasalladas por las hordas masistas.
Hay un cronograma de quemas y avasallamientos, que incluyen, como se puede observar ahora, todos los parques nacionales. Los interesados en esas tierras se han inscrito ante algn sindicato del Chapare.
La idea es que los nuevos cocales adopten los principios rgidos aplicados en Chapare, segn los cuales, por ejemplo, los propietarios de terrenos saben que no pueden venderlos ni alquilarlos ni darlos en hipoteca sin la autorizacin del sindicato.
Eso rige tambin para las propiedades urbanas que llegaran a levantarse. Nadie puede vender ni alquilar una propiedad si no tiene la autorizacin del sindicato.
Y tienen que aportar al sindicato y al instrumento poltico, siempre que quieran preservar sus propiedades.
Negarse a cumplir con cualquiera de estas condiciones es suficiente motivo para que el sujeto sea despojado de sus bienes y expulsado.
Hay una sospechosa coordinacin entre los incendiarios y las oficinas del gobierno masista, pues las tierras quemadas ya han sido asignadas, en propiedad plena, a los dirigentes de los interculturales, los adelantados de los cocaleros de Evo Morales.
Los mineros ilegales tienen otro mtodo, ms efectivo, que no necesita de los funcionarios del gobierno, porque consiste en ahuyentar a los aborgenes a balazos y luego, si alguno quedara, prenderle fuego al bosque.
De esa manera, los aborgenes, que tuvieron un congreso en Beni, pasaron de vivir en un paraso amaznico a ver la llegada de los mineros empleados por empresas chinas, lo que lleva a que los peces de los ros, el nico alimento que tienen, termine con sabor a mercurio, un veneno.
Siglo21bolivia.com
