De “chutos” y “chutazos”

Hay cosas que uno a veces no logra entender, pero como alguien dijo que “la política es el arte de lo posible”, se ve forzado a hacerlo. El tema de hoy tiene que ver con una propuesta de ley por parte de un senador oficialista, para favorecer con una amnistía a los vehículos “chutos”, indocumentados -sin eufemismos- contrabandeados.

“Economía y Aduana observan la legalización de chutos”, tituló “La Razón” (25/MAY/2011) dando cuenta de su preocupación por la posible afectación a una norma que el Poder Ejecutivo lanzara el 2008 para propiciar la importación legal de vehículos y renovar el parque automotor, vetando el ingreso de los viejos y usados que, por contaminar, son desechados en otros países. Dicha Ley podría borrar con el codo lo escrito con la mano.

Según la nota, la Presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) exteriorizó su preocupación no solo porque esa iniciativa debilitaría a dicha entidad en su destacable decisión de luchar contra el flagelo del contrabando, sino porque tal señal podría deteriorar la conducta del “contribuyente cumplidor”, tornándose perversa en contra de la legalidad, repitiendo así el error de los gobiernos neoliberales que para tapar el déficit fiscal recurrían a “perdonazos” tributarios a fin de generar ingresos, así sea dando la venia a un delito.

Pero, si bien los pronunciamientos por separado del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y de la ANB tuvieron coincidencias, también se notó una diferencia: mientras la Aduana estimó que el techo podría ser de 5.000 motorizados, dado que no todo podrá ser “legalizado” (vehículos siniestrados, amolados, remarcados, robados, incautados, etc.), el portavoz del Ministerio mencionó mas bien 10.000 motorizados, y lo curioso fue el “esfuerzo de cálculo” que se habría hecho para determinar la recaudación que ello podría generar -5 millones de dólares- lo que significaría, ¿un promedio de 500 dólares por “chuto”?  ¡Ojala se confirme el mal “esfuerzo de cálculo” realizado!

Muchas dudas se ciernen sobre el tema. ¿Cuál la necesidad de premiar al ilegal y castigar al importador formal? ¿Cuántos autos usados fueron contrabandeados por el solo anuncio de la “ley perdonadora” y cuántos más entrarán ilegalmente hasta su aplicación? ¿Qué de la contaminación y del consumo adicional de combustibles que ello implicará? ¿Nadie pensó en aprovechar la situación para obligar a convertir a GNV los autos contrabandeados? ¿Se permitirá a la Aduana hacer un trabajo profesional en la valoración aduanera? ¿Querrán los contrabandistas pagar las multas? ¿Qué pasará con los autos que no se legalicen?

¿Habrá una prórroga, como la otorgada a los contrabandistas de ropa usada? ¿O se los confiscará? ¿Cómo? ¿Quién? ¡Si el sacrificado COA no tiene pisada en diversas localidades convertidas en verdaderos feudos de contrabandistas!

La historia da cuenta que cuando se premia la ilegalidad y la informalidad, las sociedades languidecen. Con razón se dice que la principal diferencia entre los países desarrollados y subdesarrollados es que en los primeros las normas son flexibles pero de aplicación rígida, mientras que en los subdesarrollados “las leyes son duras pero su aplicación es flexible”.

Con esta nueva amnistía para los “chutos”, la “sensación de riesgo” que había subido y preocupado a los contrabandistas bajará, pero además se premiará a los “vivos” que infringieron la ley, y se dará un nuevo “chutazo” (patada) a quienes la respetaron.

* Economista y Gerente General del IBCE