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La verdadera razón para subir los bajos precios de los combustibles vía “shock” -un “impuestazo” para muchos, más que un “gasolinazo”- solo la saben los administradores del Estado Plurinacional de Bolivia. Que era necesario subirlos es verdad, y que había la opción de hacerlo gradualmente, también. Se eligió el shock, y el Decreto se cayó.
Más de una vez se advirtió que Bolivia no podía pretender ser una “isla de precios bajos” en medio de aguas turbulentas de precios altos. El intentar un “paraíso de precios populares” solo ha provocado la salida vía contrabando a países vecinos, del diésel y la gasolina así como también del GLP y alimentos como el azúcar. Además, en el caso particular de los combustibles, los bajos precios desincentivaron a las transnacionales a invertir para producir petróleo llevando a Bolivia a convertirse en un triste importador de combustibles líquidos que los compra caro, los subsidia y los vende barato.
Fresco está aún el recuerdo del día de la “nacionalización de los hidrocarburos” -el 1 de mayo de 2006- cuando muchísimos de los que recién salieron a las calles a maldecir el “gasolinazo”, entonces saltaban de alegría porque Bolivia “iniciaba la recuperación de sus recursos naturales”. ¡Cuánta sabiduría la de Salomón cuando dijo que “lo mejor del negocio no es cómo empieza, sino cómo acaba el negocio”!
Por la historia sabemos que el mejor “disparador” de la inflación es el alza del precio de los carburantes. Mucho más, cuando es por la vía del “shock”. ¿Cómo no recordar los criticados “gasolinazos” de otrora que -cualquiera fuera su portento- impactaron sobre la generalidad de precios? La medida pudo ser gradual -como se baja hoy el tipo de cambio- pero se dio el “shock” generando una espiral inflacionaria que enfureció no solamente a los asalariados sino a quienes dedican gran parte de su gasto a la alimentación y al transporte.
El ajuste salarial del 20% propuesto como compensación a cuatro sectores del sector público -siendo “indicativo” para el sector privado- tenía también visos de “shock”. Es probable que de haberse aplicado tan inusual incremento, sin estar adecuadamente respaldado por una producción y productividad, solo hubiera ocasionado más inflación dado el incremento del circulante en la economía.
El célebre D.S. 748 cayó por la presión de las masas, sin embargo los precios en general no han bajado, algo que afectará tanto al ciudadano de a pie así como también al sector productivo. Con precios altos, será alta también la presión por un mayor aumento salarial. “El daño está hecho” dijo alguien hace poco, y para el caso verdaderamente lo está, porque la “inflación de costos” para el sector productivo tendrá cara de: incremento salarial obligatorio, cargas adicionales por la nueva Ley de Pensiones, e insumos con precios elevados. Es de esperar que el “ajuste” en el sector no signifique una caída del empleo.
El Gobierno tiene ante sí dos enormes retos por resolver: combustibles y alimentos. Siendo que éstos seguirán subiendo de precio a nivel mundial, ¿por qué no producir nuestro propio alcohol carburante y biodiesel y ahorrarnos la friolera de 600 millones de dólares por importación? ¿Por qué no autorizar la biotecnología para producir más alimentos, en vez de importarlos siendo incluso transgénicos?
No siempre lo racional resulta popular. Y si bien lo irracional puede ser popular por un tiempo, a la larga traerá dolor y sufrimiento, así como ocurre ahora.
* Gary A. Rodríguez A.
es economista y Gerente General del IBCE
