Gobierno acelera cierre y liquidación de empresas públicas

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El Gobierno declaró de prioridad del Órgano Ejecutivo los procesos de reorganización, disolución y liquidación de las empresas públicas del nivel central mediante el Decreto Supremo 5727.

La disposición gubernamental surge para frenar gastos y pérdidas económicas registradas en firmas estatales creadas durante gestiones pasadas sin resultados productivos.

La determinación oficial marca un giro en la administración de las firmas públicas al imponer plazos de 15 días hábiles para definir su cierre o reestructuración.

📌 CLAVES DETERMINANTES DEL HECHO

⚠️ EL HECHO: El Decreto Supremo 5727 norma la reorganización, disolución y liquidación de empresas públicas del nivel central.

⚖️ LA CLAVE: La Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública evaluará técnicamente la viabilidad de cada firma estatal.

💣 EL TRASFONDO: Las empresas en disolución no podrán recibir avales del Tesoro ni disponer de sus activos fijos e inmuebles.

📉 EL IMPACTO: Se frena la contratación de personal y la aprobación de bonos o aumentos salariales extraordinarios en entidades en liquidación.

El Ministerio responsable del sector deberá presentar un proyecto de Decreto Supremo o anteproyecto de ley según la norma original de creación de la empresa.

Las investigaciones, auditorías y procesos administrativos para fijar responsabilidades a servidores y exservidores no suspenderán los procedimientos de liquidación.

Asimismo, los procesos de disolución y liquidación vigentes se mantendrán bajo las previsiones de la norma que disponga el cese definitivo de funciones.

El Dato de Cierre: La disolución de una empresa pública no exime de responsabilidad legal a los ejecutivos vinculados a su gestión.

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