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- 2026-05-19
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El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó de forma oficial que el Poder Ejecutivo ha descartado por completo la posibilidad de decretar un estado de excepción en la sede de Gobierno. La polémica decisión fue ratificada a pesar de la extrema gravedad de los disturbios criminales que sacudieron de forma simultánea a las ciudades de La Paz y El Alto.
La determinación política, bajo la lupa de La Mesa de Análisis, se adoptó tras un tenso comité de evaluación de crisis desarrollado junto a los altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. El Gobierno central justificó esta medida asegurando que las acciones estatales se concentrarán exclusivamente en reforzar los despliegues de seguridad ciudadana ordinaria.
🚨 Asedio sin freno: El Ejecutivo mantiene las operaciones regulares bajo el acoso de sectores radicales movilizados.
📦 Ataque estratégico: Las movilizaciones violentas golpearon de forma directa las líneas de transporte público masivo estatal.
📉 Financiamiento bajo la lupa: Inteligencia detectó el flujo ilegal de capitales y uso de explosivos en los puntos de choque.
⚠️ Procesamiento penal: Más de 100 vándalos capturados en flagrancia fueron puestos a disposición inmediata del Ministerio Público.
La negativa a militarizar las calles o restringir las garantías constitucionales expone una evidente capitulación ante las presiones impuestas por los sindicatos que responden al evismo. Al evitar el costo político del uso de la fuerza militar combinada, la administración de Rodrigo Paz opta por administrar la crisis en lugar de desarticularla de raíz.
El informe de seguridad desnudó además un esquema criminal de financiamiento ilícito destinado a sostener los desmanes en las urbes. Las autoridades policiales interceptaron a operadores civiles con Bs 280.000 en efectivo destinados al pago de los bloqueadores y a la compra masiva de artefactos explosivos.
La inacción jurídica y operativa en los puntos de acceso caminero continúa estrangulando el libre tránsito de los carburantes estratégicos que abastecen a las plantas productivas y estaciones de servicio. El desabastecimiento forzado golpea directamente la estabilidad financiera del aparato empresarial y logístico.
La persistencia del vandalismo y la negativa gubernamental a endurecer las medidas constitucionales terminan por descargar el costo final sobre la canasta básica ciudadana. Con más de un centenar de aprehendidos pero las vías aún vulnerables, la institucionalidad democrática se debilita frente al chantaje de la movilización civil armada.
El Dato de Cierre: El Ministerio de Gobierno confirmó que se incautaron Bs 280.000 en efectivo a operadores movilizados desde el Chapare, demostrando un esquema de financiamiento ilícito detrás de los disturbios en la sede de Gobierno.
