Militares a las calles: cívicos exigen presencia de las FFAA ante ola de crímenes

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El Comité pro Santa Cruz ha lanzado una demanda radical ante la escalada de violencia que desbordó la capacidad de la Policía Boliviana tras el asesinato del magistrado agroambiental Víctor Hugo Claure. Bajo la lupa de La Mesa de Análisis, el pedido de militarizar la seguridad ciudadana surge como una respuesta desesperada ante la percepción de que el Estado ha perdido el control del orden público frente al sicariato.

Stello Cochamanidis, vicepresidente del ente cívico, sentenció que todas las autoridades encargadas de la seguridad "se han aplazado" al permitir que las mafias operen con total impunidad en centros urbanos. La propuesta formal exige que las Fuerzas Armadas (FFAA) salgan a patrullar las calles para disuadir el avance del crimen organizado y las sustancias controladas que hoy amenazan la vida de magistrados y ciudadanos por igual.

El asesinato de Claure en el cuarto anillo de Santa Cruz ha sido el detonante para que el sector cívico califique la situación como un estado de emergencia que la justicia nacional ya no puede contener. Cochamanidis advirtió que la inacción gubernamental está convirtiendo al país en un territorio sin ley donde las mafias han "doblado el brazo" a las instituciones democráticas.

• 🚨 Militarización: Cívicos plantean el despliegue inmediato de las FFAA para frenar la ola de ejecuciones por sicariato.

• 📉 Aplazo General: El Comité pro Santa Cruz cuestiona la eficiencia de la Policía y el Ministerio de Gobierno tras los últimos hechos de sangre.

• ⚖️ Miedo Judicial: El pedido cívico coincide con la confesión del TSJ sobre el temor de los magistrados por su integridad física.

• 🔫 Inseguridad: La demanda surge tras confirmarse que las organizaciones criminales ya no temen a la estructura legal del Estado.

La propuesta de sacar a los militares a las calles refleja la ruptura de confianza entre la sociedad civil y las fuerzas del orden tradicionales.

El Dato de Cierre: Mientras los cívicos exigen la presencia de las FFAA, el Gobierno mantiene bajo custodia a otros 13 magistrados, admitiendo tácitamente que el sicariato ha puesto en jaque la seguridad del Estado.