Gobierno admite que la estructura de Marset tenía aprisionada a Bolivia

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En una declaración que pone en perspectiva la magnitud del desafío que enfrentó el Estado boliviano, el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, reconoció este viernes que las organizaciones criminales vinculadas a Sebastián Marset mantuvieron "aprisionado al país". La confesión surge en un momento de repliegue táctico de las autoridades, quienes ahora buscan desmantelar los remanentes de una red que logró convertir a Santa Cruz en su centro operativo regional.

La admisión de esta "prisión" institucional se sitúa, bajo la lupa de La Mesa de Análisis, como el punto de partida para una reestructuración de la seguridad interna. Al aceptar que el territorio fue utilizado como base logística por fuerzas extranjeras —incluyendo a cinco colombianos y dos ecuatorianos detenidos recientemente—, el Ejecutivo valida la tesis de que la red de Marset operaba con una infraestructura de formación militar que desafió la soberanía nacional.

El informe oficial detalla que la afectación no es solo criminal, sino financiera. El viceministro Ernesto Justiniano subrayó que, sin golpear la economía del narcotráfico, estas estructuras tienden a reconfigurarse. Sin embargo, la efectividad de este "seguimiento del dinero" se ha visto empañada por el extraño saqueo de bienes incautados, donde incluso enseres domésticos fueron sustraídos de viviendas que debían estar bajo estricta custodia policial tras la captura del líder uruguayo.

Desde la otra acera, el enfoque se centra en la fragilidad de los controles que permitieron a una red transnacional de esta envergadura echar raíces en el país. El desmantelamiento de la logística comunicacional y de los bienes vinculados a Marset llega tras años de operaciones invisibles, lo que obliga a las instituciones a revisar los protocolos de interdicción de sustancias controladas y la vigilancia en hangares estratégicos del oriente boliviano.

La detención de una familia por el robo en inmuebles de la avenida Mapaizo es apenas una nota al pie en una investigación de escala continental. El verdadero nudo gordiano para el Ministerio Público será determinar cómo esta red logró blindarse contra el sistema judicial y policial durante tanto tiempo. La "fe" que el Gobierno dice tener en la justicia será el termómetro para medir si los aprehendidos enfrentarán condenas que realmente desarticulen este brazo armado.

Finalmente, el reconocimiento de que Bolivia estuvo "aprisionada" por el crimen organizado marca un hito en la narrativa oficial. Ya no se trata de un delincuente aislado, sino de una estructura que manejó volúmenes industriales de recursos y carburantes para sostener su red de protección. El reto ahora es demostrar que esa prisión ha sido rota definitivamente y que las instituciones han recuperado el control total del territorio que una vez cedieron al silencio.

El Dato de Cierre: La presencia de siete extranjeros con formación táctica en la red de seguridad de Marset confirma que el uruguayo había diseñado un enclave militarizado dentro de Bolivia, operando con una autonomía que hoy el propio Gobierno califica como una toma de rehenes del Estado.