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- 2026-03-19
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Legisladores de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) han cerrado filas este miércoles para exigir que la aprehensión de Marcelo Arce Mosqueira sea solo el inicio de una serie de procesos contra altas exautoridades. El hijo del expresidente fue capturado en Santa Cruz bajo cargos de legitimación de ganancias ilícitas.
Bajo la lupa de La Mesa de Análisis, este coro de voces parlamentarias no es una simple búsqueda de justicia, sino el inicio de una purga política de alto nivel. Los legisladores están usando la caída del "hijo del poder" como el ariete necesario para derribar el blindaje que aún protegía al gabinete de Luis Arce Catacora.
La investigación ha revelado un esquema de Estado paralelo donde Marcelo Arce, sin ser funcionario público, ocupaba un piso exclusivo en las oficinas de YPFB. Desde allí, el hijo del exmandatario habría tenido injerencia directa en decisiones financieras y el direccionamiento de contratos millonarios de la estatal.
El viceministro de Transparencia, Yamil García, confirmó que existen testimonios de trabajadores que aseguran que Arce Mosqueira operaba con total impunidad en la petrolera. Incluso se sospecha que hacía firmar informes técnicos para beneficiar a empresas externas mediante el uso de recursos públicos.
La fortuna detectada hasta el momento es difícil de justificar: la Fiscalía investiga 18 inmuebles y 20 vehículos vinculados al entorno del detenido. Muchos de estos bienes no figuran a su nombre, lo que refuerza la hipótesis de una red de palos blancos diseñada para lavar dinero estatal.
Ante la gravedad de los indicios, el Ministerio Público ha solicitado la detención preventiva de Marcelo Arce por un periodo de 180 días. El requerimiento se sustenta en la existencia de riesgos procesales, como la posible obstaculización de la justicia y el evidente peligro de fuga.
Desde la otra acera, la senadora Ana Crispín (PDC) fue tajante al señalar que "ya era hora" de que se actúe contra los ilícitos que eran de conocimiento público. La presión ahora se traslada a la justicia para que la medida se extienda a familiares y exministros que permitieron este saqueo.
La diputada Kathia Quiroga (Libre) insistió en que el detenido debe rendir cuentas por el daño económico causado a la nación durante años de gestión familiar. No se trata solo de un arresto, sino de la necesidad de recuperar los activos que fueron desviados mediante influencias políticas.
En su primera comparecencia, el investigado optó por su derecho constitucional al silencio absoluto, evitando responder sobre sus vínculos con YPFB. Esta estrategia busca ganar tiempo mientras la Fiscalía rastrea la conexión de sus movimientos económicos con cuentas en el exterior.
Este escenario deja al exmandatario Luis Arce en una posición de aislamiento absoluto mientras la estructura que montó se desmorona ante los tribunales. La justicia tiene ahora el reto de demostrar que el piso fantasma de YPFB no quedará en la impunidad como otros casos del pasado.
El Dato de Cierre: Marcelo Arce Mosqueira será trasladado al penal de Palmasola este viernes si el juez cautelar ratifica los indicios de que operaba como un funcionario de facto en la principal empresa del país.
