Estado confiesa que se gastó la plata de los panaderos y paga deudas en efectivo

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La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) ha oficializado este miércoles un acuerdo desesperado para frenar el inminente "panazo". Ante la imposibilidad de entregar la harina que los panificadores ya habían pagado por adelantado en septiembre pasado, la estatal ha decidido devolver 8 millones de bolivianos en efectivo y apenas 74.000 quintales de producto, confirmando que el sistema de reservas estratégicas ha tocado fondo.

Esta maniobra, bajo la lupa de La Mesa de Análisis, es la confesión de un "jineteo" financiero estatal a gran escala. El Gobierno anterior recibió el dinero de los panaderos para garantizar el insumo, pero la harina nunca llegó a los galpones. Al devolver billetes en lugar de alimento, el Estado admite que se gastó el capital de trabajo de los artesanos y que hoy no tiene la capacidad de importar la harina necesaria para sostener la soberanía alimentaria.

El acuerdo establece una devolución "50-50", donde la mitad de la deuda se cancelará en moneda nacional en un plazo de 30 días. Sin embargo, para el panificador de base, recibir bolivianos hoy por una compra de hace seis meses es un negocio ruinoso. Con una inflación galopante y el encarecimiento de insumos importados, ese dinero ya no alcanza para comprar la misma cantidad de harina en el mercado libre.

Desde la otra acera, los dirigentes de la Confederación Nacional de Panificadores (Conapabol) han aceptado el trato, prefiriendo tener el efectivo en el bolsillo antes de que la iliquidez estatal sea total. Esta "paz comprada" tiene un costo directo para el ciudadano: mientras los líderes firman actas de consenso, el pan de batalla ya se vende a Bs 1 en las tiendas de barrio, burlando el precio oficial de Bs 0,80 que el Gobierno jura defender.

La crisis se agrava porque el acuerdo también incluye la devolución de azúcar, manteca y levadura bajo la misma modalidad mixta. Esto demuestra que la escasez no es un hecho aislado, sino un colapso sistémico de Emapa. El Estado ha dejado de ser un facilitador de la producción para convertirse en un deudor insolvente que intenta apagar incendios sociales generados por la anterior gestión de Gobierno.

El impacto de este descalabro es inmediato en la canasta familiar. Al no haber harina subvencionada suficiente, el panadero se ve obligado a recurrir al contrabando o al mercado informal, donde los precios son dictados por la escasez de divisas. La supuesta "estabilidad" del pan es hoy una ficción estadística que solo existe en los comunicados de prensa.

Bolivia enfrenta un escenario donde el pan, el alimento más básico del pueblo, pende de un hilo financiero. La devolución de los 8 millones es apenas un parche de 30 días; una vez que ese dinero se diluya en la compra de insumos caros, la presión por subir el precio del pan volverá con más fuerza, dejando al descubierto un Estado que se comió la harina de sus ciudadanos.

El Dato de Cierre: El "pan de batalla" de Bs 0,80 ha muerto en la práctica; hoy el ciudadano paga el fracaso de Emapa con un boliviano por unidad.