La cifra de la impunidad: autoridades solo capturan al 1% de la turba que se llevó 23 millones del avión

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La caída del Hércules C-130 desnudó una incapacidad de reacción estatal que raya en la negligencia operativa. Mientras el fuselaje aún humeaba, una marea humana de más de 5.000 personas rebasó los perímetros de seguridad del aeropuerto más importante del país para ejecutar un saqueo masivo. Lo que las autoridades presentan hoy como un avance judicial es, en realidad, una confesión de derrota: apenas 51 personas están bajo proceso, dejando a miles de saqueadores en la total impunidad con el dinero del desastre.

Bajo la lupa de La Mesa de Análisis, la desproporción de las cifras es alarmante y revela un Estado rebasado. El Ministerio Público investiga a 47 adultos y 4 adolescentes, una fracción insignificante frente a la turba que se llevó 23 millones de bolivianos. Esta brecha evidencia que el Estado perdió el control del área del siniestro en los minutos más críticos, permitiendo que el botín del pillaje se evaporara ante los ojos de una guardia aeroportuaria y policial que se vio totalmente superada por la multitud.

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, confirmó que el avasallamiento fue masivo y violento, registrando el ingreso de miles de personas a la zona restringida. Sin embargo, procesar a solo el 1% de los involucrados envía un mensaje peligroso de permisividad social y falta de autoridad. Los cargos de Robo Agravado y Asociación Delictuosa pesan sobre un grupo minúsculo, mientras que el grueso de la masa que "pulverizó" el cargamento de la Serie B ya se encuentra camuflado en la cotidianidad de las laderas alteñas.

Desde la otra acera, surge la pregunta inevitable sobre los protocolos de seguridad nacional en terminales aéreas. ¿Cómo es posible que 5.000 civiles lograran ingresar a una zona de conflictividad como el siniestro de un avion para sustraer remesas de valores sin ser contenidos? La falta de un cordón de seguridad policial y militar de inmediato no solo facilitó el robo de piezas, sino que puso en riesgo la integridad de la investigación técnica que ahora depende de una caja negra recuperada entre el caos y el saqueo.

La Iglesia Católica ha calificado el hecho como una "indiferencia esparcida", pero técnicamente es un fallo de soberanía sobre el territorio del desastre. El retiro de los restos del avión se realiza en un ambiente de profunda tensión, donde la evidencia física fue manipulada por miles de personas que priorizaron el pillaje sobre el auxilio a las víctimas. El Estado falló en proteger la vida de los tripulantes, pero también en resguardar el patrimonio que hoy acecha la estabilidad económica del lunes.

Los procesos abiertos por Destrucción de Bienes del Estado e Instigación Pública a Delinquir parecen ser un intento de "lavar la cara" de una gestión de crisis deficiente. Al no haber contenido a la multitud en el momento exacto del impacto, las autoridades han condenado al país a una jornada de incertidumbre comercial, donde el ciudadano común pagará las consecuencias de los 23 millones que el Gobierno dejó escapar de las manos de la ley por falta de previsión.

Para los 51 aprehendidos, la fiscalía prevé una imputación formal inmediata en las próximas horas. No obstante, el sentimiento de injusticia crece entre la población que observa cómo la gran mayoría de los saqueadores logró huir con paquetes de billetes de 10, 20 y 50 bolivianos. Esta "atomización" del botín es la consecuencia directa de no haber cercado el área del FAB-81 a tiempo, permitiendo que el crimen se volviera colectivo, anónimo y masivo.

La investigación de la caja negra dará respuestas técnicas sobre la caída de la aeronave, pero no podrá explicar la parálisis operativa de los mandos de seguridad. Mientras el fuego consumía el Hércules, la prioridad estatal debió ser el rescate y el resguardo absoluto del perímetro; al fallar en lo segundo, se permitió que el 30% del cargamento monetario se convirtiera en un factor de desestabilización nacional para la jornada de mañana.

Bolivia cierra este episodio con una cifra que causa indignación: 5.000 asaltantes y solo 51 detenidos. La desproporción es la prueba final de un Estado que fue espectador de su propio saqueo. Mañana, cuando el mercado rechace los billetes de la Serie B, la población recordará que la autoridad no pudo frenar a una turba que le robó al país su tranquilidad económica sobre las cenizas de una tragedia.

El Dato de Cierre: Las consecuencias de este siniestro del Hércules se verán este lunes cuando se restablezca la circulación de los billetes de la Serie B