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- 2026-02-26
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La fractura en el binomio presidencial ha alcanzado un punto de no retorno tras la promulgación del Decreto Supremo 5552. El vicepresidente Edmand Lara, lejos de aceptar el rol decorativo que intenta imponerle el Ejecutivo, ha anunciado que transformará su despacho en un centro de fiscalización ciudadana. Al verse despojado de sus atribuciones administrativas, Lara ha decidido saltar el cerco de la burocracia para instalarse en las calles, convirtiendo la Vicepresidencia en una oficina de control social paralela que el Palacio no podrá silenciar con decretos.
Bajo la lente de la Mesa de Análisis, esta maniobra de Rodrigo Paz es un "golpe administrativo" que busca asfixiar operativamente al Vicepresidente. Al transferir el soporte técnico y financiero al Ministerio de la Presidencia, encabezado por José Luis Lupo, el Gobierno intenta convertir a la segunda autoridad del país en un subalterno de facto. Sin embargo, la respuesta de Lara ha sido un contraataque mediático: abrir las puertas de su oficina para recibir denuncias de corrupción y transmitirlas en vivo, exponiendo la gestión pública sin filtros ante la audiencia digital.
Sin embargo, desde la otra acera, el ministro Lupo intenta minimizar la crisis calificando la norma como un simple ajuste "administrativo". Según el Ejecutivo, las funciones legislativas de Lara permanecen intactas, pero la realidad política dicta lo contrario: se le ha quitado la caja y el personal propio para limitar su capacidad de maniobra. Lo que el gabinete de Paz no previó es que Lara, un experto en la agitación de redes sociales, utilizaría esta carencia de recursos para victimizarse y fortalecer su perfil de autoridad callejera, fuera del control de la etiqueta palaciega.
El anuncio de recibir denuncias ciudadanas y transmitirlas en tiempo real es una declaración de guerra interna. Al invitar a la población a llevar sus quejas directamente a la Vicepresidencia, Lara está creando una aduana de fiscalización que competirá directamente con el Ministerio de Justicia y la Contraloría. El mensaje es claro: si el Ejecutivo le quita las herramientas de gestión, él usará el cargo como una plataforma de denuncia para desgastar la imagen de transparencia que intenta proyectar la administración de Rodrigo Paz.
La tensión entre Lara y Lupo ha dejado de ser un rumor de pasillo para convertirse en un espectáculo de poder público. Mientras el Ministro de la Presidencia asegura que solo se busca "eficiencia", Lara denuncia que lo quieren tratar como a un empleado. Esta cohabitación hostil dentro del Palacio Quemado pone en riesgo la estabilidad del binomio elegido en 2025, dejando a la gestión pública atrapada en una disputa de egos y competencias que solo beneficia al ruido político mientras los problemas urgentes del país quedan en segundo plano.
La estrategia de Lara de "abrir las puertas" busca desnudar la supuesta inacción del resto del gabinete. Al prometer que cada denuncia será expuesta ante sus miles de seguidores, el Vicepresidente se posiciona como un ombudsman rebelde, un fiscalizador que no necesita presupuesto para generar impacto. Esta oficina de control social paralela funcionará como un imán para el descontento ciudadano, convirtiendo la sede de la Vicepresidencia en el epicentro de la fiscalización que el propio Gobierno intentó evitar al recortarle funciones.
Al cerrar este análisis, queda claro que el DS 5552 ha tenido el efecto contrario al deseado por el ala dura del Gobierno. En lugar de neutralizar a Edmand Lara, lo han empujado a retomar su esencia de activista, pero ahora con el escudo oficial del Estado. La Vicepresidencia ya no será el brazo de apoyo del Palacio, sino el departamento de quejas y denuncias que sacará a la luz las grietas de una gestión que, en su afán de control, ha terminado creando a su crítico más peligroso dentro de su propia casa.
El Dato de Cierre: Rodrigo Paz le quitó la chequera a Lara, pero le regaló el mejor escenario para su campaña: la calle y la denuncia en vivo.