El garrote del TSE: Las multas para jurados electorales son el último recurso de un sistema obligatorio

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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha recordado la vigencia de sanciones económicas severas para aquellos ciudadanos que, tras ser sorteados como jurados, no asistan a cumplir su función en las próximas elecciones subnacionales. Según el reportes, las multas están indexadas a porcentajes del salario mínimo nacional, convirtiéndose en un castigo financiero directo para quienes se ausenten sin una justificación médica o legal debidamente documentada ante los tribunales departamentales.

Bajo la lente de la Mesa de Análisis, esta medida no es más que la aplicación de un garrote económico para sostener un sistema que ha perdido su capacidad de convocatoria voluntaria. El Estado boliviano, incapaz de generar confianza institucional, recurre a la amenaza al bolsillo del ciudadano para garantizar que las mesas de sufragio funcionen. Cuando la participación ciudadana debe ser forzada bajo pena de sanción, lo que queda en evidencia es el divorcio entre la clase política que organiza los comicios y el pueblo que debe fiscalizarlos.

Sin embargo, desde la otra acera, el organismo electoral justifica el rigor de las multas como el único mecanismo para evitar el ausentismo que podría anular actas y retrasar el cómputo oficial. Lo que el discurso oficial omite es que ser jurado electoral en Bolivia se ha convertido en una carga pública indeseada, no por falta de civismo, sino por la percepción de que el voto ciudadano termina siendo distorsionado por intereses partidarios o fallos judiciales de último momento que cambian las reglas del juego.

El monto de las multas que pueden llegar hasta el 50% de un salario mínimo, representa una parte significativa del ingreso mensual de una familia trabajadora, resulta desproporcionado en un clima de crisis económica y escasez de divisas. El TSE exige el cumplimiento de un deber sagrado, pero el ciudadano siente que esa "obligación" solo fluye en una dirección: de abajo hacia arriba. Mientras al jurado se le castiga por un minuto de retraso, a las autoridades electorales rara vez se les sanciona por las irregularidades en el padrón o la falta de transparencia.

El escenario para las subnacionales queda así marcado por un ambiente de cumplimiento forzado, donde miles de ciudadanos asistirán a las urnas no por compromiso con sus candidatos, sino para evitar que el sistema judicial-electoral les confisque sus ingresos. El TSE ha cumplido con informar los costos de la falta, pero ha fallado nuevamente en explicar por qué votar o ser jurado en este país sigue sintiéndose como un castigo administrativo en lugar de un derecho constitucional.

El Dato de Cierre: En Bolivia, la democracia ha dejado de ser una fiesta para convertirse en una factura; si no sirves al sistema, el sistema te cobra.