Brújula Digital.- La Cámara de Senadores aprobó una resolución camaral por la cual desconocen a todos los magistrados que se autoprorrogaron; advirtió que sus actos son nulos, que pueden ser procesados por ellos y que al extenderse en sus cargos causaron un daño económico al Estado de un millón de bolivianos.

“Desconocer a todos los ciudadanos que se encuentran ejerciendo de manera ilegal los cargos de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP); de Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del Tribunal Agroambiental y consejeros del Consejo de la Magistratura”, detalla el primero de los puntos aprobados, por simple mayoría, en la Cámara de Senadores.

No estuvo claro si esta decisión del Senado es vinculante y tiene fuerza de ley. Aprobaron la resolución los senadores opositores más los de la facción evista del MAS. Los senadores arcistas quedaron en minoría y no pudieron evitar la aprobación del texto.

El mandato de los magistrados se cumplió el 2 de enero y en esa fecha se debían posesionar a las nuevas autoridades. Sin embargo, el proceso de elecciones judiciales del 2023 fracasó y con ese justificativo las altas autoridades judiciales extendieron sus mandatos hasta la elección de nuevas autoridades.

El segundo punto de la resolución camaral establece que los actos efectuados por estos ciudadanos “ejerciendo de manera ilegal los cargos de magistrados (…) podrán ser objeto de los procesos que correspondan”.

El tercer y último punto de la resolución fue dirigido contra el ministro de Justicia Iván Lima a quien le “exhortan” a “ejercer defensa de autoridades judiciales ilegales. En su lugar coordine una política de justicia social que permita mejorar la Justicia”.

“Los senadores están en la obligación de hacer cumplir la CPE que señala un periodo de mandato de seis años, que ya concluyó. La CPE no contempla la figura de prórroga de mandato y no se puede contradecir a las normas supremas por sentencias constitucionales y establecer períodos extraordinarios de mandato”, dice la resolución.

Además, advierte que todos los actos que hubieran ejercido estas autoridades desde la conclusión de su mandato son “nulos de pleno derechos” como la posesión de 46 vocales del Tribunal Supremo de Justicia que se realizó el pasado 17 de enero. “Todos los actos emitidos por las autoridades judiciales pueden ser sujetos a procesos de distinta naturaleza”.

Las exautoridades judiciales percibieron una remuneración económica de más de un millón de bolivianos por pago de salarios de enero y febrero. La resolución camaral considera que estos cobros se constituyen en un “daño económico al Estado”.

Finalmente, le recordaron al ministro de Justicia, Iván Lima, que sus atribuciones son las de proponer y dirigir la política de justicia social pero “no veló por el interés de la población boliviana de contar con autoridades judiciales legalmente establecidas. Sólo se dedicó a reconocer a las autoridades autoprorrogadas de forma ilegal. Incluso, constituyéndose, en la práctica, en abogado de los mismos. No cumple sus atribuciones asignadas”.