12/12/2018 - 06:53:38
Correo del Sur.- El vicepresidente de Operaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB), Gonzalo Saavedra, denunció ayer que se pretende “estrangular operativamente” a la empresa estatal, exigiendo su traslado total a Sucre, sede de la Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos según la ley, incumplida hasta hace poco, y que también dispone el funcionamiento en Chuquisaca de las oficinas de las petroleras que operan en la región.

En una entrevista en la Red Bolivisión, Saavedra cuestionó la exigencia del diputado chuquisaqueño Horacio Poppe de que YPFB y las empresas transnacionales que trabajan en la región cumplan el artículo 23 de la Ley de Hidrocarburos, que exige a las petroleras “establecer oficinas en los departamentos que operan”.

“Nos ha acusado de que estaríamos intentando llevarnos todo YPFB a la ciudad de Sucre, algo que es un absurdo y totalmente risible. En cuanto a la Gerencia de Redes de Gas y Ductos, él dijo que no solamente queríamos la Gerencia, que ya está aquí, sino que estábamos pretendiendo llevarnos las distritales, ¿cómo vamos a querer llevarnos las distritales si sabemos que son los brazos operativos que nuestra gerencia nacional tiene en las diferentes regiones? Eso sí que es un absurdo”, señaló Poppe.

El parlamentario aclaró que simplemente exige que se cumpla a plenitud el artículo 23 de la Ley de Hidrocarburos, que indica que la Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos debe estar en Sucre, algo que ya se consolidó, aunque a “regañadientes”. Y lo que aún exige es que las empresas transnacionales que operan en Chuquisaca tengan oficinas en la región, como establece el mismo artículo.

En otra entrevista, en el mismo canal, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) y presidente de la Comisión de Economía Plural, Franklin Flores, indicó que se pretende centralizar YPFB en Sucre.

En criterio del parlamentario Poppe se pretende desviar la atención sobre la denuncia de compra de medidores inteligentes en 100 millones de dólares bajo un acuerdo de confidencialidad.

“Ellos lo que están haciendo es intencionalmente tergiversar la información con el afán de desviar la atención sobre el acuerdo de confidencialidad que nosotros les hemos denunciado, acuerdo con el que pretenden cambiarnos un millón de medidores gastando alrededor de 100 millones de dólares”, señaló Poppe.