25/10/2014 - 11:29:31
VOA.- El gobierno de Venezuela impondrá penas de hasta 14 años de cárcel a los contrabandistas de alimentos y medicinas, con la reforma de la Ley de Precios Justos.

Así lo estableció en cadena nacional el superintendente de Costos y Precios Justos, Andrés Eloy Méndez.

“A los contrabandistas que desvíen los productos de primera necesidad del país, se le aplicará entre 10 y 14 años de cárcel y confiscación plena de los bienes activos, cuentas bancarias, vehículos, avionetas y todos los activos vinculados a la actividad del contrabando”, dijo Méndez.

El contrabando de extracción es considerado por el gobierno venezolano como una fórmula que utilizan sus opositores para desestabilizar al país.

Sobre esta reforma, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas, Víctor Maldonado, dijo a la Voz de América que es inconstitucional.

“Lo grave es que hace más peligrosa la labor del empresario, porque cualquier funcionario que señale a alguno de contrabandista activará una maquinaria perversa sin el derecho a un debido proceso”, alertó.

Maduro además aprobó un decreto que prohibirá a los comerciantes informales, llamados coloquialmente como buhoneros, la venta productos de primera necesidad.

“El pueblo está indignado y yo comparto la indignación”, dijo el mandatario justificando la medida. “No es posible que cuatro grupitos saquen del mercado los productos que se traen para luego revenderlos en la calle. Ese "ladronaje" se tiene que acabar”.

Maldonado considera este tipo de medidas es un error del gobierno.

“Que el gobierno crea que el mercado informal y los sectores informales van a acatar un mandato del gobierno es no entender cómo operan los mercados negros y los sectores informales de la economía”, señaló.

Un reciente estudio efectuado por una cadena comercial de farmacias y ventas de ocasión reflejó que el 70% de quienes hacen colas para comprar alimentos y medicinas son revendedores.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) del Estado venezolano, el 42% de la población económicamente activa, es decir 5,4 millones de personas, forman parte de la economía informal.