La nueva Ley de Inversiones necesita al CIASI

En el ámbito económico, las señales son tan importantes como las políticas. Los inversionistas no toman decisiones únicamente basadas en la riqueza de los recursos naturales o el tamaño del mercado. Prefieren invertir en paises donde las reglas son claras, hay estabilidad institucional y se cuentan con mecanismos confiables para resolver disputas.

Uno de los mayores retos que enfrenta Bolivia y una de las reformas más significativas que podría impulsar el gobierno de Rodrigo Paz es una nueva ley de inversiones, acompañada por el posible regreso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI.

La salida de Bolivia del CIADI en 2007 fue el resultado de una decisión política centrada en la defensa de la soberanía nacional. La justificación era que los conflictos entre el Estado y los inversionistas extranjeros debían resolverse sin recurrir a tribunales internacionales. Sin embargo, casi veinte años después, es momento de evaluar esa decisión desde una perspectiva económica y no ideológica.

La salida de Bolivia del  convenio CIADI en 2007 no causó un colapso inmediato de la inversión extranjera, ya que entre 2008 y 2014 Bolivia continuó recibiendo flujos importantes de inversión, impulsados principalmente por el notable ciclo de altos precios de gas natural y minerales.

Mientras existieron rendimientos excepcionales, muchos inversionistas estaban dispuestos a asumir mayores riesgos legales. La verdadera dificultad apareció al concluir el superciclo de materias primas. A partir de 2014, la inversión extranjera comenzó a declinar, coincidiendo con la baja de los precios internacionales, la disminución de la producción de gas, el deterioro de las reservas internacionales y una creciente percepción de inestabilidad jurídica.

Varios informes del Banco Mundial indican que la inversión extranjera en Bolivia perdió impulso en la última década y se mantuvo por debajo del potencial que sus recursos naturales ofrecen. La falta del CIADI no explica por sí sola esta situación, pero sí aumentó el riesgo percibido por los inversionistas. Cuando una empresa considera invertir en un país ,entre 100 y 500 millones de dólares en minería, hidrocarburos o infraestructura, necesita saber que, si surge un conflicto con el Estado, habrá un árbitro independiente reconocido a nivel internacional.

Esta confianza disminuye el costo de capital y facilita la llegada de grandes proyectos. No es coincidencia que prácticamente todas las economías latinoamericanas que hoy se destacan en la atracción de inversión extranjera cuenten con mecanismos internacionales de arbitraje y marcos regulatorios predecibles. La competencia por atraer capital es global y Bolivia no solo compite con sus vecinos, sino también con África, Asia y Europa del Este. En este contexto, la decisión del gobierno de Rodrigo Paz de desarrollar una nueva ley de inversiones, cobra especial relevancia. La cuestión es si una nueva ley será suficiente. Desde una perspectiva económica, la respuesta es no.

Una ley moderna de inversiones  puede simplificar procesos, garantizar igualdad de trato entre inversionistas nacionales y extranjeros, asegurar estabilidad normativa y mejorar los incentivos tributarios. Todo esto es necesario, pero si no se acompaña de mecanismos efectivos de resolución de controversias, reconocidos internacionalmente, seguirá existiendo una barrera significativa para atraer proyectos de gran envergadura. Por lo tanto, el posible regreso de Bolivia al CIADI debería evaluarse como parte de una estrategia integral y no como una concesión política. Retornar al CIADI no implica renunciar a la soberanía, sino ofrecer una garantía adicional de cumplimiento de contratos, algo que actualmente demandan los mercados internacionales, los fondos de inversión, los bancos multilaterales y las grandes corporaciones transnacionales.

Los sectores que más podrían beneficiarse de este nuevo marco jurídico son precisamente aquellos que requieren inversión a largo plazo y un alto capital inicial. En minería, Bolivia posee uno de los mayores potenciales geológicos de América Latina, no solo en litio, sino también en cobre, zinc, plata, oro y tierras raras. Sin embargo, desarrollar esos proyectos requiere inversiones que superan fácilmente los cientos de millones de dólares y cuyos periodos de recuperación pueden extenderse hasta dos décadas.

El sector hidrocarburífero enfrenta una situación similar. La disminución de la producción de gas implica que se debe abrir una nueva etapa de exploración. Cada pozo exploratorio conlleva riesgos elevados y grandes inversiones. El sector eléctrico también podría transformarse mediante inversiones privadas en generación renovable, transmisión y almacenamiento de energía, lo que podría incluso posicionar a Bolivia como un exportador regional de electricidad. La agroindustria representa otra gran oportunidad.

Santa Cruz ha mostrado su capacidad para aumentar significativamente la producción de alimentos destinados a mercados internacionales con reglas estables que podrían multiplicar las inversiones en procesos industriales, logística y exportación.

Por último, sectores emergentes como el turismo, la tecnología, la economía digital, la infraestructura vial y las asociaciones público-privadas también encontrarían un entorno mucho más propicio para su desarrollo. Por tanto el verdadero debate radica en definir qué tipo de país queremos construir en Bolivia durante las próximas décadas.

Si la nueva ley de inversiones logra combinar seguridad jurídica, estabilidad normativa, simplificación administrativa, protección efectiva de los derechos de propiedad, mecanismos internacionales de arbitraje y reglas tributarias predecibles, el país podrá iniciar un nuevo ciclo de inversión privada capaz de estimular el crecimiento económico, crear empleos formales y diversificar las exportaciones.

En cambio, si la reforma se restringe a modificar procedimientos administrativos, sin abordar la cuestión de la confianza institucional, los resultados probablemente serán modestos. Las inversiones internacionales no llegan solo por discursos, sino cuando existen instituciones creíbles. Bolivia cuenta con recursos naturales extraordinarios, una ubicación estratégica y un inmenso potencial productivo. La nueva ley de inversiones representa una oportunidad histórica para comenzar a recuperar esos elementos, y el eventual regreso al CIADI podría convertirse en la señal más potente de que Bolivia decidió regresar a competir de manera seria por el capital que necesita para su crecimiento.