128.059 catos y churros

El registro en Bolivia de los CATOs y CHURROs -acrónimos posibles para “cacharro” y “chuto”, rasgo común del auto contrabandeado- ha concluido con una cifra escandalosa: 128.059 unidades. Muy lejos de lo estimado por el Poder Legislativo y avalado por el Ejecutivo al lanzar la “Ley salvadora”, y cerquita de lo advertido por la Confederación de Chóferes de Bolivia. Confirmada la gruesa falla de cálculo, el problema ha empezado.

Muchos de los dueños de esos vehículos reclaman por la demora o la lejanía de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (DIPROVE) para iniciar el trámite, y otros se la agarran con la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) a quien endilgaron por Ley el llevar adelante la penosa tarea de legalizar lo ilegal, cobrando tributos y multas.

Si bien a DIPROVE la crítica le resultará llevadera –dado que embolsará casi un millón de dólares cobrando Bs50.- a cada “CATO” o “CHURRO” que se presente a fin de que se le certifique que no es robado, para lo cual aumentó drásticamente la dotación de su personal- no ocurre igual con la Aduana, quien -en vez de fortalecerse con la abultada recaudación extraordinaria que logrará a favor del Tesoro General del Estado- no solo gastará de su exiguo presupuesto para atender tal contingencia, sino que recibe durísimas críticas como si tuviera la culpa por los 128.059 “CATOs” y “CHURROs” registrados, pasando por alto curiosamente ciertas situaciones que bien vale la pena cuestionar. He aquí algunas de ellas.

Honestamente, ¿tienen la Aduana y el Control Operativo Aduanero (COA) un presupuesto suficiente, personal técnico bien remunerado, buena tecnología e infraestructura para un mejor control? ¿Está acorde el número de efectivos, pertrechos y movilidades para vigilar 7.000 kilómetros de frontera? ¿Se recompensa el trabajar 24 horas al día? ¿Existen políticas de incentivo para premiar el sostenido incremento de la recaudación tributaria por importaciones legales, así como por las miles y exitosas operaciones de confiscación de productos contrabandeados? ¿Se traduce ello en una mayor asignación y mejor remuneración? ¿Si se exige más del COA, por qué inexplicablemente no se le dota de rifles como a los policías de la FELCN? ¿Cuál la recompensa por arriesgar la vida frente a contrabandistas bien armados? ¿Se hizo efectivo el apoyo anunciado hace meses por el Ministerio de Economía en favor de la Aduana? ¿Qué, si nada de esto es así?

Adicionalmente, ¿qué culpa tiene nuestra Aduana por una Ley que claramente incitó el ingreso irregular de “quien-sabe-cuántos” CATOs y CHURROs, ex-ante y durante la discusión y aprobación de la norma? ¿Y qué de los que entraron hace una, dos o más décadas? Sería bueno indagar para ver cuántos son de la época dictatorial, neoliberal y plurinacional también, por cuanto “todos pecaron”.

Y es que, antes de acusar y exigir más eficiencia, primero debería darse a la ANB y al COA las condiciones mínimas necesarias para actuar, y también recompensarles.

A propósito, en una reciente encuesta a 800 personas en Santa Cruz, La Paz, El Alto y Cochabamba (“Poder y Placer”, JUN/2011) el 63% rechazó la mentada “legalización”, y 59 de cada 100 dijeron que el trabajo de la Aduana era regular o bueno. Auspiciosa percepción, dado el lastre de su pasado y el mísero apoyo que recibe para enfrentar un mal endémico que no se solucionará con “perdonazos” sino más bien con un total respaldo a dicha entidad, y con “cero tolerancia” al contrabando.

 * Economista y Gerente General del IBCE