Tribunal Agroambiental persigue con furor al hombre que abatió un jaguar en defensa de su familia

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El Tribunal Agroambiental confirmó que se constituirá en parte querellante contra el ciudadano que abatió a un jaguar en la región beniana de Guayaramerín, aplicando una persecución implacable bajo el argumento de la supuesta vulneración de normativas de protección a la fauna silvestre.

La decisión judicial se desata tras un dramático suceso donde el animal salvaje ingresó de manera violenta a una propiedad familiar que resguardaba a niños pequeños, obligando al padre a repeler el ataque directo para salvaguardar la vida de su hogar.

🔍 60 días de detención dictó la justicia para el padre de familia en el penal de Mocoví.
⚖️ 0 consideración al contexto real de peligro inminente y legítima defensa en el área rural. 🚨 100% de celeridad punitiva exhibe el Tribunal Agroambiental frente a este caso aislado.
📉 0 acciones contundentes de los magistrados contra los verdaderos criminales ambientales y de la economía.

Pese a las evidencias del riesgo latente para los menores, la presidenta del Tribunal Agroambiental, Roxana Chávez, descalificó el hecho asegurando que la acción no puede considerarse en defensa propia y exigiendo la criminalización absoluta del ciudadano.

Bajo la lupa de La Mesa de Análisis, este despliegue de rigor punitivo desnuda una profunda desconexión institucional, priorizando el castigo a un civil acorralado mientras las instancias del Estado ignoran las verdaderas amenazas que destruyen el país.

Resulta un insulto a la lógica ciudadana que la justicia mueva todo su aparato represivo contra un hombre que defendió su techo, mientras muestra una ceguera cómplice e indignante ante los verdaderos saqueadores que estrangulan la economía nacional.

Mientras los magistrados se refugian en escritorios blindados persiguiendo a familias campesinas, las mafias del contrabando, la especulación de carburantes y el agio operan con total impunidad a vista y paciencia de los mismos jueces.

El Dato de Cierre La justicia boliviana confirma que su mano dura está reservada para el ciudadano desprotegido, mientras la ley se vuelve blanda frente a la delincuencia organizada que asfixia los bolsillos de la población.
 

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