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- 2026-06-02
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La crisis vial que estrangula al territorio nacional ha desnudado su verdadero trasfondo político, dejando en claro que los sectores movilizados mantienen una postura intransigente que descarta cualquier salida negociada y apunta directamente a la ruptura del orden constitucional en el país.
El entramado de protestas ya no persigue demandas gremiales ni el abastecimiento de carburantes, sino un objetivo de desestabilización explícita, donde los grupos radicales que bloquean las carreteras estratégicas "quieren que se caiga el presidente, quieren derrocar, quieren romper la democracia", según declaró a Unitel el diputado de la alianza Unidad, Carlos Alarcón.
Frente a este escenario de ingobernabilidad, el Poder Ejecutivo insiste en convocar a mesas técnicas que carecen de efectividad real, prolongando una estrategia pasiva que el parlamentario califica como un "diálogo en punto muerto" que solo desgasta la autoridad del Estado y dilata las soluciones.
1.FIN DE LA MÁSCARA SOCIAL:Postura radical.
Los sectores movilizados abandonan los pliegos petitorios técnicos y centran su presión en la renuncia obligada del Mandatario.
2.MECANISMO DE EXCEPCIÓN:Estrategia legislativa.
El Congreso despejó el camino legal para aplicar el estado de excepción y recuperar el control territorial, pero el Ejecutivo evita su uso.
3.ANÁLISIS: Evidencia pública.
Análisis políticos en la red televisiva nacional confirman que el cerco a las ciudades busca forzar una capitulación política.
4.RETORNO AL PASADO:Riesgo institucional.
La parálisis prolongada pretende entregar el poder al esquema del MAS, que resultó perdedor en las urnas el año pasado.
La gravedad de la parálisis vial fue expuesta por Carlos Alarcón en el medio televisivo nacional, donde alertó que los pequeños comerciantes, transportistas y vecinos de La Paz y El Alto están "cercados, sitiados, no tenemos acceso a lo más básico para llevar adelante la vida", reflejando la desesperación ciudadana.
La inacción del palacio de Gobierno para aplicar las leyes vigentes y habilitar las rutas de suministro prolonga la agonía de los sectores productivos, generando una "situación de desastre" que destruye la economía de las familias bolivianas, de acuerdo al reporte legislativo.
El ala radical del MAS y sus aliados sindicales pretenden utilizar la asfixia económica como un arma de extorsión política, buscando "entregarle en bandeja el poder" a las facciones que perdieron el control del Estado en el último proceso electoral.
Ante la falta de voluntad para dialogar por parte de los bloqueadores, Carlos Alarcón planteó que la salida institucional podría canalizarse mediante reformas que viabilicen un referendo, asumiendo que el Gobierno debería ser el más interesado en respaldar un revocatorio para frenar el golpe violento.
El Dato de Cierre: La persistencia de 90 puntos de bloqueo y el rechazo absoluto a levantar las medidas confirman que el cerco carretero es una operación política diseñada para forzar la renuncia del Presidente Rodrigo Paz sin pasar por las urnas.
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