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- 2026-04-01
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La crisis del combustible basura ha mutado en un escándalo financiero que amenaza con golpear dos veces al ciudadano boliviano. Mientras miles de transportistas exigen el resarcimiento por sus motores fundidos, la bancada Libre ha lanzado una alerta devastadora: el Gobierno de Rodrigo Paz pretende usar dinero de los impuestos para cubrir la negligencia de YPFB.
Bajo la lupa de La Mesa de Análisis, este movimiento del Ejecutivo se perfila como un "autoperdón" financiado por las víctimas. Al no existir seguros que cubran una desidia de tal magnitud —150 millones de litros de agua de acequia certificados como aptos—, la estatal petrolera echa mano del Tesoro General para calmar la bronca de los 10.000 damnificados.
La asambleísta denunciante ha solicitado una investigación urgente sobre el origen de los fondos para las indemnizaciones. No es ético ni legal que la "incompetencia" del ministro de Hidrocarburos y la ANH sea pagada con los recursos que el país necesita para la canasta básica o la salud, premiando así la falta de control en las plantas de distribución.
El esquema del fraude es cínico: primero el Estado te vende un carburante que destruye tu herramienta de trabajo y luego utiliza tu propio dinero público para "indemnizarte". Es el doble atraco de una gestión que prefiere gastar el dinero de todos antes que procesar y anotar los bienes de los funcionarios que firmaron la recepción del veneno.
Desde la otra acera, el sector del transporte pesado advierte que no permitirán que el resarcimiento sea una "promesa de papel" extraída de un Estado en quiebra técnica. La demanda penal exige que los directivos de YPFB y la ANH respondan con su patrimonio personal por haber permitido que 5.000 cisternas contaminadas circulen sin filtros de calidad.
La desconfianza en los carburantes importados ha llegado a un punto de no retorno. Si el Gobierno admite que debe pagar, está admitiendo que sus laboratorios fallaron, pero al hacerlo con fondos públicos, está admitiendo también que no hay responsables individuales, solo una masa de dinero estatal que absorbe los errores de los protegidos políticos.
La aprehensión de los responsables técnicos es la única vía para evitar que este precedente se repita. Si el funcionario sabe que el Estado pagará sus errores con el bolsillo del contribuyente, el incentivo para controlar la calidad de lo que ingresa desde Chile o cualquier frontera desaparece, dejando al parque automotor en total indefensión.
Esta "alquimia criminal" que reemplazó diésel por agua sucia y aceite usado es el síntoma de una YPFB perforada por la corrupción interna. La denuncia de Libre busca romper el ciclo de impunidad donde el Estado es juez, parte y cajero automático para cubrir las facturas de una estafa que debió ser frenada en la primera cisterna.
El país observa con indignación cómo la narrativa del "sabotaje externo" se cae pedazo a pedazo frente a la realidad del gasto público. El delincuente puede estar en Iquique, pero el que pretende pagar el daño con tu dinero es el que hoy ocupa la oficina central de la estatal petrolera, eludiendo su responsabilidad civil y penal.
El Dato de Cierre: Expertos constitucionalistas advierten que usar fondos del TGN para cubrir daños causados por negligencia funcionaria probada constituye un nuevo delito de daño económico al Estado, lo que podría derivar en un juicio de responsabilidades contra toda la cúpula de Hidrocarburos.
