Entre el desmentido y la justicia: El país exige transparencia por sobreprecios de los carburantes

[Estamos en WhatsApp. Empieza a seguirnos ahora]

Mientras YPFB se apresura a desmentir cualquier irregularidad, la justicia boliviana recibe una denuncia penal formal que no puede ser ignorada. Los diputados Claudia Herbas y Rolando Pacheco han tipificado delitos de conducta antieconómica, lo que pone en duda la narrativa oficial sobre los carburantes.

Nadie asume el riesgo de una demanda penal sin fundamentos sólidos, por lo que el país exige un pronunciamiento de los órganos fiscalizadores. La opacidad en la compra de carburantes ha generado un clima de sospecha que un simple comunicado estatal no logra disipar.

El contraste de datos es urgente; la Contraloría y la Fiscalía deben determinar si el precio pagado por los carburantes se ajusta a la realidad del mercado internacional. El silencio de las entidades de control solo alimenta la desconfianza de la opinión pública nacional.

El presidente de la estatal, Yussef Akly, asegura que no hay sobreprecio, pero las pruebas presentadas por los legisladores sugieren contratos lesivos. La verdad sobre el dinero de los bolivianos invertido en carburantes debe salir a la luz de forma inmediata y técnica.

Más allá de la guerra de declaraciones, la población demanda una auditoría externa que certifique cada centavo gastado en carburantes. El rol de la fiscalización estatal es hoy más necesario que nunca para evitar que la corrupción se normalice en el sector.

El Dato de Cierre: Si el desmentido de YPFB es real, la estatal debería ser la primera en abrir sus libros; si la denuncia penal prospera, estaríamos ante el mayor daño económico en la gestión de carburantes.