Un policía ordenó desobedecer orden del juez para que el general Zúñiga viaje de Cochabamba a La Paz

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El Ministerio Público, dentro del proceso que le sigue al general Juan José Zúñiga por los acontecimientos del 26 de junio de 2024, dispuso que debía constituirse en dependencias de la FELCC La Paz para firmar un compromiso personal, requisito destinado a eliminar un riesgo procesal frente a las supuestas víctimas. 

Este mismo procedimiento ya fue cumplido por los otros militares procesados que actualmente se encuentran en la ciudad de La Paz.

Pero, como corresponde en cualquier caso de un privado de libertad, el Régimen Penitenciario debía asumir los gastos de su traslado junto a sus custodios. Sin embargo, argumentaron que no contaban con recursos para ello. 
 

Ante esta situación, y con el objetivo de cumplir estrictamente con la orden judicial, Zúñiga dijo que asumiría los costos de su traslado aéreo junto a su escolta policial.

Pese a ello, el Cnl. DESP Rodolfo Machicado Cuéllar, Jefe de Seguridad de Régimen Penitenciario, de manera arbitraria, abusiva y totalmente ajena a la legalidad, instruyó al Gobernador del penal de El Abra prohibir su viaje, impidiendo nuevamente el cumplimiento de una disposición judicial. 

Esta ya es una conducta reiterada, pues a lo largo del proceso con Zúñiga han existido acciones similares cuando debía declarar ante la Fiscalía, vulnerando una vez más el debido proceso al que todo imputado tiene derecho.

De las investigaciones realizadas por este y otros medios, se establece que este oficial —el Cnl. Machicado— ha sido uno de los principales operadores que, junto al exdirector Juan Carlos Limpias y al Gral. Jhonny Aguilera, obstaculizaron sistemáticamente el avance de los procesos relacionados con el caso del 26 de junio. Aguilera y los otros ligados al exministro Eduardo del Castillo.

Se puede observar una intervención oscura, irregular y direccionada que ha interferido permanentemente en contra de Zúñiga, condicionando el acceso a la justicia y afectando la transparencia que todo proceso penal debe garantizar.