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Antilegitimación: Ley amplía poder de acción de fiscales




23/09/2021 - 07:30:11

Página Siete.- El proyecto de ley contra la  legitimación de ganancias ilícitas ampliará el poder de acción de los fiscales que investiguen ese delito, para acceder a información, realizar allanamientos o rastrear  bienes sin necesidad de orden judicial, sostienen legisladores de la oposición.

Desde el Movimiento Al Socialismo (MAS), en contraposición, aseguran que ese proyecto  se enmarca en la Constitución Política del Estado y no  vulnera derechos. Si bien se abren a modificarlo, indican que ello estará sujeto a una evaluación.

Según el artículo 31 del proyecto de ley, en casos de pesquisas de legitimación de ganancias ilícitas,  el Ministerio Público, con el apoyo de los investigadores policiales, podrá, entre otras acciones: acceder a “toda” documentación e información física o informática, realizar búsquedas de  personas, allanar lugares específicos, identificar a personas que  controlan cuentas, rastrear bienes  sin previo aviso al titular, y “todo acto necesario para la obtención de medios probatorios”.

“A una sospecha de la UIF  (Unidad de Investigaciones Financieras) se activan las facultades de investigación y eso está en  el artículo 31 del proyecto. Este artículo es el que le da el suprapoder para que, cuando haya una  sospecha de cualquier persona,  que crean que está cometiendo  estos delitos de legitimación de  ganancias ilícitas, se activen esas  facultades de investigación, y  ahí ya se empieza a vulnerar los  derechos y garantías constitucionales”,  sostuvo el diputado  Marcelo Pedraza, de Comunidad  Ciudadana.

En la disposición adicional  primera del proyecto de ley se  ratifica que el delito de legitimación  de ganancias ilícitas  “es autónomo, y será investigado,  enjuiciado y sentenciado  sin necesidad de proceso judicial  o de sentencia condenatoria  previa, respecto a los delitos  de los cuales proceden los  bienes o ganancias ilícitas”.

Pedraza sostuvo que con esa  disposición “se está dando autonomía  de investigación a estos  delitos, en el marco del artículo  31, sin la necesidad de intervención  de un juez, sin la necesidad  de órdenes judiciales”.

El legislador indicó que las  garantías o derechos constitucionales  que se vulnerarían con  la puesta en marcha de esas disposiciones  son: la inviolabilidad  del domicilio, el derecho a  la defensa, el derecho a la privacidad,  el secreto de las comunicaciones  privadas en todas sus  formas y el derecho a la obtención  lícita de la prueba.

Richard Ribera, diputado de  Creemos, sostuvo que el proyecto  de ley implica, en el fondo,  un atentado a la democracia  y que deja, además, en evidencia  el “objetivo que tiene el  MAS de acallar por la fuerza al  boliviano que piensa diferente  de ellos”.

“Prácticamente quieren  coartar el derecho que tiene los  bolivianos de poder hablar,  porque esta ley deja prácticamente  sin ningún tipo de protección  a los bolivianos”, sostuvo  el legislador.

Desde el MAS, la senadora  Lindaura Rasguido sostuvo  que “si hay que modificar (el  proyecto), lo vamos a hacer, pero  vamos a evaluar como bancada”.  No obstante, la legisladora  del oficialismo sostuvo que  las personas que no incurrieron  en irregularidades no tienen  por qué preocuparse.

“Las personas que no van a  hacer irregularidades no van a  ser involucradas. ¿Por qué tendrían  que preocuparse? Bueno,  aquellos que van a estar en actos  de corrupción, actos de terrorismo,  sí, pero aquellas personas  que no, no tienen por qué  preocuparse”, manifestó la senadora  del partido azul.

Sobre las distintas observaciones  de las bancadas de oposición  al proyecto de ley, Rasguido expresó: “La derecha y las minorías  nunca han estado de acuerdo  con una ley, jamás. En todo este  tiempo que estoy en la Cámara  de Senadores, nunca. No hay una  ley que ellos hayan dicho ‘está  muy bien’. Ellos siempre están  observando y lo que nosotros  queremos decir es: vamos a respetar  la Constitución Política  del Estado”. 

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