Ministerio de Tierras destapa otro escándalo de corrupción; suman 7
16/04/2021 - 07:20:34
Opinión.- El Ministerio de Tierras y Desarrollo Rural es la cartera de Estado más vulnerable a la corrupción y así está demostrado en al menos siete escándalos que se registraron en los últimos siete años, desde que se destapó el daño económico por “obras fantasmas” a través del Fondo Indígena, en 2015, hasta el denominado “caso soborno” de este año.
Estos delitos salpicaron a los expresidentes Evo Morales y Jeanine Áñez y al actual mandatario, Luis Arce.
Para el ministro de Justicia, Iván Lima, citado por Fides, en el país existe un problema estructural relacionado a la tenencia de la tierra, el mismo que debe ser resuelto en el marco de lo establecido en la Constitución Política del Estado (CPE) garantizando el derecho de la población a la misma y a la vez brindando seguridad jurídica para los propietarios.
Sugirió ajustar el trabajo del Tribunal Agroambiental, Derechos Reales y otras entidades del Estado.
“Donde no hay reglas claras va a surgir la corrupción. El Tribunal Agroambiental no termina de consolidarse, hay un escenario propicio para esta crisis en el sector agrícola del país”, manifestó.
Lima recordó que el marco normativo vigente establece las reglas para la tenencia de la tierra, en cuanto a extensión y al uso social de la misma, entre otras.
El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras tiene bajo su mando cuatro viceministerios: de Tierras, de Gestión y Desarrollo Forestal, de Desarrollo Rural y Agropecuario; y de Coca y Desarrollo Integral.
1. FONDO INDÍGENA
El caso más relevante fue el del Fondo Indígena, en 2015, que involucraba a exministros, parlamentarios y dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la gestión de Evo Morales.
La Fiscalía informó de 49 obras “fantasma” y proyectos observados que provocaron un daño económico al Estado de $us 6.8 millones. En ese entonces se procesaron a 205 personas, entre ellas las exministras Nemesia Achacollo y Julia Ramos junto a dos senadores y dos dirigentes de organizaciones por corrupción y enriquecimiento ilícito.
Desde la Contraloría General de Bolivia reportaron irregularidades en al menos 153 obras financiadas por este Fondo y la interventora Lariza Fuentes habló entonces de un daño económico que podría alcanzar los $us 14.9 millones.
2. COCARICO
En 2015, se registraron más de un centenar de denuncias por tráfico de tierras, corrupción, incumplimiento de deberes y nepotismo, entre otros.
La dotación de tierras en la Chiquitanía fue el caso más polémico, en la gestión del entonces ministro César Cocarico.
En 2018, se involucró a su hermano, Rogelio, que fue encarcelado, acusado de estafar a una comunidad menonita con el cobro de $us 600 mil a cambio de sanear tierras ilegales. Apuntaron a una red de corrupción en el INRA y la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT). La Contraloría confirmó que dos primos directos de la exautoridad trabajaban en esa cartera de Estado.
En 2019 se presentó una denuncia en su contra por la creación de proyectos fantasma, robo de ganado y equipo, sin embargo, fue un año después, en 2020 que fue enviado a la cárcel como medida preventiva por otro caso. Fue acusado de “nombrar a dedo al director del Instituto Nacional de Reforma Agraria”, Juan Carlos León, quien asumió sin cumplir los requisitos.
3. MARINKOVIC
En noviembre de 2020, la plataforma ambientalista Bolivia Libre de Transgénicos denunció que el exministro de Economía Branko Marinkovic, durante la gestión de Áñez, a través de la exministra de Desarrollo Rural Eliana Capobianco, utilizó a sus familiares para consolidar más de 30.000 hectáreas de tierras en Santa Cruz bajo un sistema normativo ilegal.
Advirtió de una estructura de corrupción en dependencias del INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) y el INIAF (Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal) para favorecer el agronegocio con la dotación ilegal de tierras.
La exautoridad de Gobierno rechazó las acusaciones y anunció una querella por una “campaña maliciosa de desprestigio” en su contra y de su familia.
4. NEPOTISMO
A menos de un mes de ser posesionado por el presidente Luis Arce, en noviembre de 2020, Wilson Cáceres fue destituido del cargo de ministro por nepotismo. Fue acusado de contratar a su expareja como jefa de gabinete. Poco antes dijo que era su esposa, pero después se disculpó y confirmó que su relación terminó.
Cáceres fue secretario general de la Federación de Interculturales de Santa Cruz, y contaba con el respaldo de las organizaciones sociales de su departamento y a nivel nacional.
La denuncia en su contra también destapó otros vínculos entre su expareja que tenía a su hermano y allegados trabajando en el Ministerio de Desarrollo Rural.
5. PAGOS
El director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), Omar Quiroga, se encuentra involucrado en una denuncia de “pago” por “designación” de $us 20.000. Por este caso, la Fiscalía allanó su domicilio y depósitos de ciudadanos asiáticos vinculados a presuntos hechos irregulares por la importación y exportación de madera.
6. ADEPCOCA
Los cocaleros de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) atribuyen al exministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo, y el viceministro de Coca y Desarrollo Integral, Rolando Canceno, las irregularidades que habrían cometido al emitir la Resolución Ministerial 068/2021 que autoriza el traslado del mercado de hoja de coca instalado en Villa Fátima a la zona de Kalajahuira.
La determinación derivó en bloqueos y movilizaciones por casi dos semanas en las que la Policía intervino con gases lacrimógenos y detuvo a varios cocaleros. Durante un enfrentamiento con transportistas, dos de ellos sufrieron heridas con dinamitas.
7. CHARACAYO
El exministro de Desarrollo Rural y Tierras Edwin Characayo fue aprehendido el martes a las 21.30 luego de ser filmado recibiendo $us 20.000 como adelanto de $us 380.000 que habrían pedido junto a su cómplice, el director general de Desarrollo Rural, Hiper García para el sanenamiento y titulación del predio “El triunfo” en San Ramón (Santa Cruz).
Characayo, de profesión ingeniero agrónomo fue designado para asumir el ministerio en representación de la organización de Interculturales.
Gobierno conmina a entregar informes
El Gobierno, mediante Decreto Supremo 4872, conminó al Fondo de Desarrollo Indígena (FDI) que entregue un informe sobre los procesos judiciales y administrativos iniciados por la entidad anteriormente, con miras a que se reconduzcan los mismos y haya resultados al respecto a partir de conocer su avance y lograr la devolución del dinero.
El ministro de Justicia, Iván Lima, informó, según ERBOL, que la iniciativa de la norma fue impulsada junto a la Procuraduría porque consideran que el Fondo Indígena tiene cientos de casos y no hay una “debida conducción” para lograr que haya justicia y no impunidad.
Señaló que el Fondo Indígena, la interventora y el Ministerio de Desarrollo Rural debieron dar resultados, pero no lo hicieron.
El Ministro de Justicia indicó que todo lo que ha ocurrido en el pasado en el Fondo Indígena requiere “una conclusión que es urgente y necesaria”.
“No puede ser que los casos queden en el anaquel del olvido. Tenemos que darle respuestas al país y estamos en esa línea”, afirmó.
Lima lamentó que no se haya tenido respuestas oportunas de parte del exministro Edwin Characayo en el caso del Fondo Indígena y otros, pero espera que para próximas semanas se entregue al país resultados concretos para resolver este tema.
