Indígenas denuncian a Evo ante la ONU por incendios forestales y extractivismo
08/10/2019 - 13:06:37
Opini�n.- La sociedad civil boliviana que integra a pueblos ind�genas e instituciones defensores de Derechos Humanos de Bolivia, denunci� este martes ante la Organizaci�n de Naciones Unidas (ONU) al Gobierno de Evo Morales, por llevar adelante un modelo del agronegocio y ganader�a que provoc� este a�o la deforestaci�n e incendios forestales sobre m�s de 5 millones de hect�reas de bosques en la Amazon�a, promover actividades extractivistas en �reas Protegidas (AP) e incumplir con la consulta previa, libre a informada a ind�genas en ocho casos emblem�ticos.
La l�der ind�gena de la comunidad amaz�nica de San Jos� de Uchupiamonas, Ruth Alipaz Cuqui, fue la encargada de dar lectura al informe elaborado por la Alianza por los Derechos Humanos y el Medio Ambiente, coalici�n de 50 organizaciones defensoras y la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Ind�genas, Originarios Campesinas y �reas Protegidas de Bolivia (Contiocap) en audiencia instalada en el Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.
"Como mujer ind�gena, tengo la responsabilidad de hacerles conocer que las pol�ticas econ�micas para promover el agronegocio y ganader�a, est�n ocasionando la deforestaci�n e incendio de m�s de 5 millones de hect�reas de bosques de la Amazon�a boliviana", empez� su alocuci�n Al�paz, en la audiencia especial para la sociedad civil de los Estados miembros, que se constituye en la pre-evaluaci�n de Bolivia a un mes de su Examen Peri�dico Universidad (EPU) ante la ONU.
Con el respaldo del informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que contempla de manera categ�rica denuncias de violaci�n de los derechos de los pueblos ind�genas y del medioambiente, la ind�gena dijo que el Estado boliviano logr� importantes avances en el reconocimiento constitucional de los derechos al medio ambiente saludable y el respeto de los derechos de los pueblos ind�genas, pero que la realidad contradice la norma.
"Recientemente, se ha ratificado mediante ley 1182 del 3 junio de 2019 el Acuerdo de Escaz�, sin embargo en la actualidad, 28 millones de hect�reas, que representa el 25% del territorio de mi pa�s, han sido reservadas para exploraci�n y explotaci�n hidrocarbur�fera. Esto compromete al 38% de los territorios ind�genas titulados, poniendo en riesgo de exterminio a nuestros pueblos", asegur�.
La gravedad de la situaci�n -alert� Al�paz- no guarda relaci�n con las recomendaciones que Bolivia ha recibido en los dos anteriores ciclos de evaluaci�n. "De 315 recomendaciones, solamente cuatro se refieren a medio ambiente, tres al agua y tres a consulta previa a pueblos ind�genas", dijo en alusi�n al EPU al que se someti� el Estado boliviano el 2014.
"Necesitamos de su apoyo para mejorar esta situaci�n y no sea invisibilizada por nuestro Estado; especialmente en la comunidad internacional. Para ello aportamos la siguiente evidencia de incumplimiento de las obligaciones internacionales, en base a 23 casos emblem�ticos entre los que destacamos TIPNIS, El Chepete-Bala, Rositas, Tariqu�a y ahora Chiquitan�a", sostuvo.
Con voz firme dijo que las disposiciones constitucionales de protecci�n y conservaci�n del medio ambiente son incumplidas por normas que promueven actividades extractivas como la Ley minera 535 de 2014 y el decreto supremo 2366 de 2015, que permite realizar actividades hidrocarbur�feras dentro de las �reas protegidas y los territorios ind�genas.
En ocho casos emblem�ticos dijo que se viola el derecho a la consulta previa para actividades hidrocarbur�feras, miner�a y construcci�n de infraestructuras.
"A pesar de que existe la normativa para la protecci�n de los pueblos en aislamiento voluntario, las actividades extractivas est�n invadiendo los territorios en los que habitan poniendo en alto riesgo su existencia", asegur� en el foro internacional.
En cuanto a los defensores de derechos humanos reiter� la denuncia de 2014, que la Ley 351 ha deteriorado las condiciones para desarrollen su labor, en especial de las mujeres defensoras.
"Es censurable que la mayor�a de estos ataques provengan de las m�s altas autoridades, como el caso del Ministro del Interior a las defensoras Paola Gareca y Ruth Alipaz Cuqui", dijo en referencia a su experiencia y de otra l�der de la reserva Tariqu�a.
Al�paz solicit� a los Estados miembros de la ONU considerar algunas recomendaciones para Bolivia como la implementaci�n del acuerdo de Escaz�, la derogaci�n de la ley 535 y los decretos supremos 2366 y 2992, por ser contrarios a este derecho.
Tambi�n solicit� impulsar estudios que determinen el efecto de la contaminaci�n minera por metales pesados y mercurio en la salud de las personas y pueblos expuestos, ajustar el marco jur�dico sectorial minero e hidrocarbur�fero acorde al convenio 169 de la Organizaci�n Internacional del Trabajo, as� como la derogaci�n de la Ley 979 que permite la construcci�n de una carretera por el TIPNIS.
La ind�gena dijo que es necesario adecuar la Ley 450, implementando la intangibilidad de los territorios y la prohibici�n de actividades extractivas, por el alto riesgo de etnocidio de pueblos ind�genas, adem�s de establecer protocolos urgentes en caso de avistamientos o contactos accidentales.
Para el derecho a defender los derechos humanos recomend� dejar sin efecto la Ley 351 y su Decreto Reglamentario para alentar el derecho a defender derechos humanos y la naturaleza.
