Los tribunales militares participan en la tortura contra los detenidos en la Contrainteligencia de Maduro
25/08/2019 - 16:40:29
Infobae.- El poder judicial militar ha sido un elemento determinante en la estructura para encarcelar y torturar figuras pol�ticas y militares, sospechosos de ser conspiradores en Venezuela. Dos ejemplos relevantes son las jueces militares con el rango de mayores del Ej�rcito Luz Mariela Santaf� Acevedo y Claudia Carolina P�rez Benavides de Mogoll�n. A las que hay que sumar el juez Tercero de Control Militar capit�n (GNB) Mickel Angarita Amezquita Pi�n y los fiscales militares, primeros tenientes Keyla Emilse R�os Lara e Israel Alfredo Echenique L�pez.
No se cumple el C�digo Org�nico Procesal Penal (COPP), cuyo art�culo 127, reza: "El imputado tendr� los siguientes derechos: 1) Que se le informe de manera espec�fica y clara de los hechos que se le imputan. 2) Comunicarse con sus familiares, abogados de su confianza para informar sobre su detenci�n. 3) Ser asistido desde los actos iniciales de la investigaci�n por un defensor que �l o sus parientes se�alen y, en su defecto por un defensor p�blico. /�/ 9) No ser sometido a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o denigrantes de su dignidad personal. 10) No ser objeto de t�cnicas o m�todos que alteren su libre voluntad, incluso con su consentimiento".
En el caso de Amezquita Pi�n fue el juez ante quien presentaron torturado al capit�n de corbeta Rafael Acosta Ar�valo, que aunque �l envi� al hospital ante las condiciones que presentaba y que lo llevaron a la muerte horas despu�s, luce irregular que el juez no haya exigido una inmediata investigaci�n no solo por ese caso sino por el de los otros detenidos, tambi�n torturados, junto con el capit�n muerto, entre ellos el general de brigada (Av) Miguel Sisco Mora, los coroneles del Ej�rcito Miguel Castillo Cede�o y Francisco Torres Escalona; y el teniente coronel Pedro Caraballo Lira.
El caso quiz� m�s grave es el de la juez Claudia Carolina P�rez Benavides de Mogoll�n, quien ha incurrido en hechos como aceptar juzgar a civiles en tribunales militares. En el caso de la Operaci�n Armaged�n suspendi� audiencia preliminar varias veces, desde la presentaci�n el 22 de mayo hasta el 20 de diciembre, cuando ocurri� la audiencia preliminar. Ella maniobr� hasta impedirles el acceso a los abogados privados, y as� oblig� a los oficiales detenidos a aceptar defensores p�blicos militares que nunca los defendieron realmente.
En esos meses la juez P�rez de Mogoll�n casi no despach�. Convocaba a las audiencias a las 8 de la ma�ana y llegaba en la tarde; la mayor�a comenzaba despu�s de las 3 PM. Nunca les permiti� a las defensas el acceso a los expedientes completos.
Uno de los hechos m�s evidentes de la parcialidad de la juez P�rez de Mogoll�n es negarse a dejar constancia de las denuncias de tortura que hac�an los militares que eran presentados ante su tribunal. Aunque los detenidos estuvieran con evidencia de haber sido golpeados, maltratados, torturados, ella no recib�a la denuncia argumentando que esa no era su competencia.
En las Reglas Mandela aprobadas por las Naciones Unidas, se estipula:
"Todos los reclusos ser�n tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor intr�nsecos en cuanto seres humanos. Ning�n recluso ser� sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, contra los cuales se habr� de proteger a todos los reclusos, y no podr� invocarse ninguna circunstancia como justificaci�n en contrario".
Los abogados de los detenidos cuentan que todas las fechas de los procedimientos fueron alteradas, tambi�n la firma de la orden de detenci�n y las actas extempor�neas.
En algunos casos la juez dos meses despu�s de la audiencia preliminar no hab�a firmado el acto conclusivo. Catorce meses despu�s de haber sido detenidos hay expedientes que aun no pasan al tribunal de juicio.
Tampoco P�rez de Mogoll�n hace cumplir las medidas cautelares que tienen todos los detenidos de la DGCIM por parte de la Comisi�n Interamericana de los Derechos Humanos (CIDDHH). Adem�s, viola la Constituci�n al ordenar que permanezcan varios procesados militares y civiles detenidos en los s�tanos de la Dgcim, a�n cuando eso no es un centro de reclusi�n.
P�rez de Mogoll�n sali� de permiso natal y durante esos meses no hubo despacho y todo qued� paralizado; los militares detenidos no ten�an derecho al debido proceso. Hace una semana la juez primero de Control le entreg� el Tribunal, que est� en auditor�a, al Tcnel Bustamante, porque seg�n dijo la trasladaron para el Tribunal de Ejecuci�n en Maracay, a la vez que le abrieron una investigaci�n interna.
Lo inexplicable es que una juez militar, subalterna del Alto Mando, que recibe �rdenes de su superior militar y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada est� juzgando a militares acusados de conspiraci�n y que a su vez sea protegida de altos oficiales y hasta la habr�an beneficiado con un apartamento de los que da el Gobierno a sus afectos.
La Juez Santaf�
Cuando la mayor del Ej�rcito Luz Mariela Santaf� Acevedo era la juez del Tribunal Militar Sexto de Control del estado Carabobo, decid�a a capricho el destino y la libertad de presos por causas pol�ticas, entre esos militares.
A su despacho lleg� el caso del teniente (Ej) Carlos Alberto Matus Ortiz, quien hab�a sido detenido el 10 de mayo 2018. Durante m�s de un mes permaneci� incomunicado, hasta que el 19 de junio le permitieron hacer una llamada y lo llevaron calladamente a la sede de la Direcci�n de Contrainteligencia Militar en Valencia, estado Carabobo.
La juez no se presentaba al tribunal con la excusa que estaba enferma. Para colmo no le daban al detenido alimentos en DGCIM Valencia; luego de varias denuncias p�blicas, lo trasladaron al Tribunal Militar de Caracas donde le dieron libertad con r�gimen de presentaci�n.
Hab�a muchas denuncias contra esa juez que tuvo en sus manos casos relevantes como el de los dirigentes Carlos Graffe y el diputado de la Asamblea Nacional Gilber Caro.
En octubre 2018, poco despu�s de haber hecho una cantidad de acciones contra los derechos de los detenidos y sirviendo a los intereses del Gobierno y de la Dgcim, la mujer huy� a Colombia, con sus dos hijos de 8 y 14 a�os. Tres d�as despu�s, en entrevista con la periodista Carla Angola le dijo que "no es secreto para nadie que dentro de las Fuerzas Armadas hay miedo y es dif�cil para algunas personas (funcionarios) dar una opini�n porque esto se convierte en un delito, al no existir una autonom�a (de poderes)".
En enero 2019 Santaf�, en entrevista con el periodista Juan Arturo G�mez Tob�n de DiarioDeCuba, confes� que decidi� abandonar el pa�s porque "no quer�a seguir avalando decisiones contrarias al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa y, sobre todo, violatorias de los derechos humanos".
Asegur� sentirse arrepentida de "aquellas decisiones de �ndole pol�tico donde violaba el debido proceso, el derecho a la defensa y, a la vez, en las que se introduc�an en un mismo expediente hechos criminosos y pruebas para acusar a dirigentes pol�ticos, miembros de la Asamblea Nacional y l�deres estudiantiles".
Tom� la decisi�n, seg�n explic�, porque su vida y la de sus hijos estaban corriendo peligro. "Lo que provoc� mi decisi�n ocurri� en agosto 2018, dentro de la sede de la Brigada Blindada 41, donde fui interceptada con armas largas por militares. Me obligaron a arrodillarme apunt�ndome a la cabeza".
Revel� que en el caso de Gilber Caro le fueron sembradas pruebas falsas para su detenci�n y que fue arbitraria la detenci�n del dirigente Carlos Graffe.
Reconoci� que "hay militares cubanos dando instrucci�n dentro de unidades de la Fuerza Armada Bolivariana, y sus miembros viajan regularmente a Cuba a recibirlas. Pero la injerencia principal es de asesor�a en inteligencia a las unidades t�cticas del Ejercito Bolivariano".
Por una parte la Dgcim aplica tortura f�sica y psicol�gica contra los detenidos y sus familiares, pero por la otra la administraci�n de Justicia Militar les niega el debido proceso y los deja en estado de indefensi�n, con participaci�n del tribunal, como sucedi� con las dos mujeres juezas: Luz Mariela Santaf� Acevedo y Claudia Carolina P�rez Benavides de Mogoll�n.
