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Bachelet presentó el informe que denuncia más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales cometidas por la dictadura de Maduro




05/07/2019 - 07:46:27
ONU.- La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos llam� al Gobierno venezolano a tomar medidas sin dilaci�n para detener y remediar las transgresiones graves de derechos econ�micos, sociales, civiles, pol�ticos y culturales que se han documentado en el pa�s.

En un informe elaborado por orden del Consejo de Derechos Humanos, la Oficina dice que si la situaci�n no mejora, continuar� el �xodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el pa�s, y empeorar�n las condiciones de vida de quienes permanecen en �l.

El documento afirma que en la �ltima d�cada, y sobre todo desde 2016, el Gobierno de Venezuela y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia para �neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposici�n pol�tica y a quienes critican al Gobierno�.

Agrega que un conjunto de leyes, pol�ticas y pr�cticas ha reducido el �mbito democr�tico, ha desmontado el sistema de control institucional sobre el poder ejecutivo y ha permitido la reiteraci�n de graves violaciones de derechos humanos.

Destaca tambi�n la repercusi�n de la profunda crisis econ�mica, que ha privado a la poblaci�n de los medios necesarios para satisfacer sus derechos fundamentales en materia de alimentaci�n y cuidados m�dicos, entre otros.
Metodolog�a del informe

Para escribir el informe se realizaron 558 entrevistas con v�ctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situaci�n econ�mica, en Venezuela y otros ocho pa�ses. Toma en cuenta tambi�n otras fuentes y abarca el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019.

La Alta Comisionada Michelle Bachelet, visit� el pa�s del 19 al 21 de junio y sostuvo entrevistas con una amplia gama de figuras pol�ticas, desde el presidente Nicol�s Maduro y otros altos funcionarios del gobierno, hasta el presidente de la Asamblea Nacional, as� como con miembros de la sociedad civil, empresarios, profesores y otros interesados, y tambi�n con v�ctimas y sus familiares.

Tras esa visita, un equipo de dos oficiales de la Oficina permaneci� en el pa�s, en el marco de un acuerdo que les permite prestar asesoramiento y asistencia t�cnica, y monitorear la situaci�n de derechos humanos.

Los grupos armados civiles progubernamentales conocidos como colectivos han contribuido al deterioro de la situaci�n, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones. La Oficina ha documentado 66 muertes durante las protestas realizadas de enero a mayo de 2019, de las cuales 52 son atribuibles a las fuerzas de seguridad del gobierno o a los colectivos.

La proporci�n de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), en el contexto de las operaciones policiales ha sido sorprendentemente elevada, seg�n se�ala el informe. En 2018 el Gobierno registr� 5.287 muertes, supuestamente por �resistencia a la autoridad�, en el curso de esas operaciones. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente a�o, otras 1.569 personas fueron asesinadas, seg�n las estad�sticas del propio Gobierno. Otras fuentes apuntan a que las cifras podr�an ser muy superiores.

El informe indicaque, hasta el 31 de mayo de 2019, hab�a 793 personas privadas arbitrariamente de la libertad, entre ellas 58 mujeres, y en lo que va de a�o 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido su presidente, han sido despojados de su inmunidad parlamentaria.
Pocas denuncias

La Alta Comisionada acogi� con benepl�cito la reciente puesta en libertad de 62 presos pol�ticos y pidi� a las autoridades que liberasen a todas las dem�s personas detenidas o privadas de libertad por haber ejercido de manera pac�fica sus derechos fundamentales.

El informe enfatiza que la mayor�a de las v�ctimas de vulneraciones de sus garant�as fundamentales no han tenido acceso real a la justicia ni a una reparaci�n adecuada.

�Seg�n los entrevistados, son pocas las personas que presentan denuncias, por miedo a las represalias o por falta de confianza en el sistema judicial�, expresa el informe. Quienes s� lo hacen, en su mayor�a mujeres, se enfrentan a obst�culos omnipresentes y, en la mayor�a de los casos, a investigaciones que se estancan.

En cuanto a la libertad de expresi�n, el informe se�ala que el espacio para los medios de comunicaci�n libres e independientes se ha reducido, mediante la prohibici�n o la clausura de medios de comunicaci�n, y la detenci�n de periodistas independientes.
Crisis y sanciones

El informe afirma que las �ltimas sanciones econ�micas vinculadas a la exportaci�n de petr�leo est�n agravando a�n m�s los efectos de la crisis, que ya exist�a antes de dicha imposici�n.

Adem�s, considera Estado incumple su obligaci�n de garantizar los derechos a la alimentaci�n y la atenci�n sanitaria.
La escasez creciente de alimentos y su precio cada vez m�s alto se han traducido en un n�mero menor de comidas con menos valor nutricional, elevados �ndices de desnutrici�n y una repercusi�n especialmente adversa sobre las mujeres.

A pesar de que el Gobierno ha realizado esfuerzos para afrontar esta situaci�n mediante programas sociales, amplios sectores de la poblaci�n carecen de acceso a la distribuci�n de comida y las personas entrevistadas acusaron a las autoridades de excluirles porque no eran partidarias del Gobierno.

La situaci�n sanitaria del pa�s es grave: los hospitales carecen de personal, suministros, medicamentos y electricidad para mantener en funcionamiento los equipos. De noviembre de 2018 a febrero de 2019 hubo en los hospitales 1.557 fallecimientos por falta de suministros.

El documento tambi�n aclara la repercusi�n desproporcionada de la situaci�n humanitaria sobre la poblaci�n ind�gena y c�mo estos pueblos pierden el control de sus tierras por diversas razones, entre otras la presencia de fuerzas militares, de bandas de delincuentes y de grupos armados.
Recomendaciones

El informe hace una serie de recomendaciones al Gobierno para salvaguardar los derechos humanos de la poblaci�n.

�Espero sinceramente que las autoridades examinen con detenimiento toda la informaci�n contenida en este documento y apliquen sus recomendaciones. Todos deber�amos estar de acuerdo en que todos los venezolanos merecen una vida mejor, sin miedo y con acceso a los alimentos, el agua, la atenci�n m�dica y la vivienda adecuados, as� como a otras necesidades b�sicas�, afirm� Bachelet.

La Alta Comisionada asever� que el informe no aborda cuestiones de �pol�tica, geopol�tica, relaciones internacionales o cualquier otra cosa que no sea los derechos humanos a los que todo venezolano tiene derecho�.

�Exhorto a todas las personas con poder e influencia �tanto en Venezuela como en el resto del mundo�a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que est� arras�ndolo todo. Mi Oficina est� lista para seguir apoyando�, apunt�.

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