Yo legal, tú legal, todo legal

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Luego de agradecer los comentarios a mi Columna “Contrabando bendito”, y siendo como soy un convencido de que siempre será posible ponerse de acuerdo sobre un tema conflictivo cuando esté determinado el bien mayor, paso a realizar algunas reflexiones adicionales sobre el tema.
 
Primero, es ineludible volver a valorar el loable intento de introducir drásticas modificaciones a la Ley General de Aduanas para poner el “cascabel al gato”. Segundo, lamentar la desafortunada aclaración de que sólo servirá para perseguir a los “gatos grandes”. Tercero, aguardar que la reglamentación de la Ley no impulse el fraccionamiento del contrabando para su ingreso al país.
 
Esto viene a colación con las amenazas de “gremialistas” y “minoristas” que, para mantener su lucrativo negocio dentro de la informalidad, exigen al Gobierno una reglamentación “a la carta” para continuar como canales de venta del ilegal contrabando. En relación a ello, un interesante artículo dice que los gobiernos neoliberales “convirtieron a Bolivia en una gran zona franca a donde llegan mercaderías con mínimos controles” y además, que “el neoliberalismo y sus políticas de dejar hacer y dejar pasar, promocionaron el levantamiento de enormes ferias del contrabando que en Santa Cruz, se llama Barrio Lindo, La Cancha en Cochabamba y Huyustus en La Paz” (“Bolivia: El “ultimátum” de los contrabandistas” - www.kaosenlared.net).
 
El artículo lamenta, además, que “son pocas las voces de respaldo a las intenciones del Estado. Los importadores legales, no muestran decidido apoyo. Los fabriles que deberían defender sus fuentes de empleo, tampoco se interesan. Los contrabandistas y sus ‘palos blancos’, anuncian movilización por miles para defender con variadas estrategias la ilegalidad de su actividad”. Si lo aseverado por su autor es verdad, entonces el “Gobierno de cambio” no deberá ceder a la presión de las calles, ya que hacerlo sería un continuismo neoliberal.
 
¿Que nunca hubo en el país una Ley anticontrabando tan severa como la actual? No es cierto. Un Decreto del 23 de diciembre de 1825 del Libertador Presidente Simón Bolívar, estableció entre las durísimas penas: la entrega al denunciante, de la mercadería decomisada; la expulsión del país del contrabandista; y, que “todo empleado en aduana, resguardo, capitanía de puerto, o cualquier otro destino de hacienda pública, que tomare parte en los fraudes que se cometan contra ella (…) ya sea interviniendo directamente en el fraude, o protegiendo el giro clandestino de los efectos de comercio, sufrirá irremisiblemente la pena capital”. Pese a ello, el contrabando siguió.
 
Es que de nada vale tener normas muy rígidas, si no se aplican. Veamos un ejemplo contemporáneo: si la importación y comercialización de ropa usada está prohibida en Bolivia, ¿por qué se permite su venta, cuando además se la contrabandea principalmente desde el “Imperio yankee”? Alguien dijo que la diferencia entre los países desarrollados y subdesarrollados es que, en los primeros las normas son flexibles pero de aplicación rígida (se las respeta), mientras que en los segundos las leyes son rígidas pero de aplicación flexible...
 
Por tanto, para combatir el contrabando, bueno sería que el Estado: a) Cumpla y haga cumplir la Ley; b) Facilite la generación de empleo; y, c) Garantice mercados —interno y externos— para que se invierta y produzca más. Sólo entonces la gente vivará mejor y podrá exigírsele que lo haga dentro de la legalidad.

* Gary Rodríguez es economista y gerente general del IBCE.